El Gobierno liberará los peajes de las autopistas cuya concesión de 50 años termina entre este ejercicio y 2021.

El titular de Fomento, José Luis Ábalos, dio la noticia en una entrevista.

La decisión del nuevo Gobierno afecta directamente a las siguientes autopistas:

  • AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84 kilómetros, que vence el próximo 30 de noviembre.
  • AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz. Son 468 kilómetros en total y cuyas concesiones concluyen el 31 de diciembre de 2019.

El anuncio del ministro de Fomento crea también un precedente para la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, de 479 kilómetros en su conjunto. Todos ellos expiran el 31 de agosto de 2021. No obstante, la decisión sobre estos tramos correspondería al Gobierno que esté en la próxima legislatura.

Ábalos anuncia, además, que auditará la relicitación de las nueve autopistas de peaje quebradas que ha rescatado el Estado. El ministro de Fomento señala que tiene que evaluar la decisión sobre el futuro de estas vías junto a los ministerios de Hacienda y de Economía, ya que tanto el coste de la compensación que debe pagar el Estado a las antiguas concesionarias como los ingresos de una posible reprivatización afectan al déficit del Estado. Sobre este punto, Ábalos asegura que no hay una unanimidad en las cifras que debe asumir el erario público.

El coste.

En cuanto al coste para el Estado, la patronal de las grandes constructoras y concesionarias, Seopan, calcula que solo liberar el peaje del tramo entre Burgos y Armiñón costaría a los contribuyentes unos 300 millones de euros. Argumenta que esta carretera se colapsaría por el incremento que sufriría del tráfico pesado de camiones. Y señala que hay un gran porcentaje de usuarios de esta vía que son extranjeros y camiones que proceden de Francia y Portugal.

Según las estimaciones que ha ofrecido el ministro, el coste mínimo para el Estado de mantener y conservar las concesiones que vencen este año y el que viene (sin contar las de 2021 que ya estarían en la siguiente legislatura), sería, al menos, de unos 27 millones de euros al año. A esa cifra habría que añadir la cantidad no cobrada por el peaje.

El anterior Ejecutivo esperaba obtener por el concurso de las radiales unos 1.000 millones de euros. Además, valoraba la compensación que debía pagar a las antiguas concesionarias en unos 1.800 millones. Sin embargo, las cifras que los responsables de Fomento han trasladado a Ábalos discrepan de estos números.

 

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