El negocio de la guerra y su efecto en la economía

La actualidad internacional en materia de seguridad y protección ha proliferado un conflicto de legitimidad en el poder de los Estados frente a la actividad de empresas especializadas en servicios militares y armamentísticos. La necesidad de una buena administración en las zonas de conflicto provoca un aumento de la influencia y la importancia de este tipo de empresas donde el imperio de la ley se encuentra limitado.

Fabricar armas es un negocio legal y lucrativo en el mundo en guerra que conocemos actualmente. Los principales conflictos abiertos en las áreas de África, Oriente Medio y Asia requieren de un abastecimiento continuo de armamento añadiéndole a estos conflictos las situaciones donde predominan las actividades de los señores de la guerra o las guerrillas que operan en África o Latinoamérica.

Entrando en la perspectiva nacional, España accedió de una forma más notoria al negocio de la guerra tras la situación económica marcada por la crisis.  Según estudios del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, entidades bancarias, aseguradores y empresas de inversión de marca española han dedicado entre 2011 y 2015 alrededor de 6000 millones de euros en la financiación del sector de las armas. Lo cierto que se puede sacar de este hecho es que España apoya su crecimiento en su espíritu exportador, incluso si este debe de recurrir a la exportación de las armas. Asimismo, la práctica española no es un hecho aislado, el estudio del Centre Delás también señala a lo largo de sus estudios las inversiones de entidades internacionales que se producen por empresas como Airbus y Boeing (sector aeronáutico con finalidades militares), Maxam (sector armamentístico especializado en explosivos), Navantia (sector naval con finalidades militares) o General Dynamics (propietaria de la empresa española Santa Bárbara Sistemas, especializada en la producción de tanques) dentro de los escenarios de conflicto militar. La empresa española Maxam, una de las mayores de Europa en la fabricación de explosivos de Europa y la segunda del mundo asegura que solo el 20% de su negocio es militar. Maxam es un importante cliente de las inversiones de BBVA, Santanter o Bankia.

Imagen cedida por Pixabay

Dentro del sector armamentístico, el negocio de las armas en España está tildado por eufemismos políticamente correctos. Este es el caso del Gobierno el cual no concede licencias para la exportación de armas, sino de material de defensa. Asimismo, para el Gobierno el concepto de estar en guerra no es tan claro como podría parecer, puesto que sigue autorizando ventas a Arabia Saudí, que lidera una coalición de países árabes que protagonizan numerosos conflictos armados.

Cabe resaltar que las empresas dedicadas a los servicios militares y los servicios de seguridad privada resuelven problemas de enorme gravedad en las zonas de conflicto, como los relacionados con la protección o la escolta de personas. Sin embargo, su actividad también implica riesgos como la pérdida de control de la fuerza por parte del Estado en el que se encuentra la zona en conflicto o el inapropiado uso y contraventa de las armas. La privatización de la seguridad en zonas de conflicto mueve alrededor de 170.000 millones de euros anuales en todo el mundo, este nicho de mercado es una opción rentable en el que predomina la iniciativa privada. El mercado de la seguridad actualmente tiene un ritmo del 6% anual hasta 2020.

Negocios en zona de conflicto

Lo que actualmente llama la atención que en la actualidad exista un mercado transnacional relacionado con la fuerza, capaz incluso de influir en procesos políticos y sociales. Tras su surgimiento con el final de la Guerra Fría y su consolidación definitiva con las invasiones de Irak y Afganistán, las empresas militares y de seguridad privada se han convertido en actores representativos en los escenarios de conflictos del siglo XXI.

Las empresas militares y de seguridad privada son empresas con afán de lucro, cuentan con sedes donde se establecen de manera legal y actúan como cualquier negocio ofreciendo servicios a numerosos y variados clientes. Estas empresas proporcionan combatientes, técnicos, instructores o asesores a los Gobiernos, instituciones, empresas u otros actores no estatales presentes en los conflictos.

En un mundo globalizado con una presente disminución del papel de los Estados debido a la exaltación de una hambrienta globalización unida a la expansión del capitalismo y la aparición de grandes compañías que operan a escala mundial, el campo de la seguridad se ha convertido en una forma más de negocio en la que el bien o servicio en oferta es el uso de la fuerza. Estados Unidos y Reino Unido lideran el mercado de las empresas militares y de seguridad privada, además de alojar en sus territorios las sedes de las más importantes como Academi (antes Blackwater) en Estados Unidos y Aegis Defense Service o G4S en Reino Unido.

Las razones por las que los Estados de los países desarrollados ofrecen este tipo de servicios redundan en las características del sistema capitalista y la economía de libre mercado: el empleo de las empresas militares y de seguridad privada suponen un menor coste que acceder a la seguridad estatal, cuentan con un nivel mayor de especialización y de tecnología avanzada y proporcionan un mayor número de efectivos para todos los servicios relacionados con la seguridad y la escolta o protección en zonas de conflicto.

 ¿El contrato es la nueva ley en los conflictos armados?

La falta de transparencia es una de las características más importantes de las empresas militares y de seguridad privada, así como la dificultad de obtener datos acerca de esta industria armamentística.  Pese a todo ello, la existencia de una oferta tan variada justifica la existencia de una acuciante demanda de estos servicios privados.

La existencia de este tipo de empresas provoca que los Estados pierdan parte de sus mecanismos tradicionales de control (leyes) al regirse gran parte de la actividad militar por contratos. Se produce, por tanto, una representativa alteración de los procesos políticos en tanto que la privatización de la seguridad afecta a la gobernanza y debilita la soberanía del Estado a favor de las empresas. Asimismo, en aquellos Estados políticamente débiles o fallidos, el Estado compite con agentes de naturaleza privada que monopolizan las cuestiones relacionadas con la fuerza lo que dificulta el desarrollo de instituciones estatales relacionadas con dichas cuestiones.

Por otro lado, la contratación de servicios militares y de seguridad por parte de una empresa multinacional puede provocar una situación de superioridad militar y generar situaciones en las que el Estado carezca de los medios necesarios para ejercer algún tipo de control en las zonas de conflicto. Esto ocurre actualmente en zonas y rutas relacionadas con recursos naturales donde las empresas multinacionales que explotan estos recursos contratarán servicios proporcionados por las empresas militares y de seguridad privada para proteger tanto la zona de explotación como las rutas de transporte.

No debemos olvidar que las empresas militares y de seguridad privada son corporaciones cuyo compromiso es el cumplimiento del contrato y su objetivo final, la obtención de un beneficio determinado. Por eso, hay que tener en cuenta que los compromisos del Estado con respecto a su ciudadanía no tienen por qué coincidir con los intereses finales de la empresa. Como grupos armados no estatales, las empresas militares y de seguridad privada pueden considerarse un riesgo para la estabilidad y la paz en los Estados puesto que, a diferencia de los ejércitos, pueden hacer uso de la violencia para la consecución de su objetivo y sentirse legitimadas por trabajar fuera de los mecanismos gubernamentales.

A pesar de todo esto, los Estados son libres de contratar empresas militares y de seguridad privada en conflictos puesto que no existe ley que lo prohíba. El gran desafío desde las relaciones internacionales actuales es la presente debilidad del marco jurídico en el que se encuentran las empresas militares y de seguridad privada lo cual facilita principalmente la impunidad de los contratistas.

La clave de los intentos de control a estas empresas reside en los mecanismos reguladores como el documento de Montreux, firmado por más de 50 Estados y tres organizaciones internacionales (Unión Europea, Organización del Tratado del Atlántico Norte y Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) aunque este documento no sea vinculante para los Estados y las empresas firmantes.

Por último, con un marco legislativo insuficiente a nivel internacional, limitaciones difusas en la ejecución de tareas e implicaciones controvertidas en los conflictos, las contratar empresas militares y de seguridad privada establecen una dicotomía donde, por un lado, son necesarios los servicios proporcionados por este tipo de empresas y, por otro lado, el presente y actual debate acerca de las actuaciones de dichas empresas y sus implicaciones en las situaciones de inestabilidad política de algunos Estados donde el imperio de la ley se ve diezmado. Teniendo en cuenta aspectos como la competitividad entre empresas, los vacíos existentes en las zonas de conflicto y la falta de transparencia y, en ocasiones provoca que reflexionemos acerca de hasta qué punto las empresas militares y de seguridad privada se limitan a cumplir íntegramente con su misión (la cual figura en un contratos) y en qué situaciones dichas empresas se convierten en un riesgo grave para la resolución de conflictos armados y la consiguiente estabilidad en zonas de postconflicto.

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