En Junio del año pasado, Donald Trump decidió sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Fue una de las no muchas ocasiones en las que el cambio climático tuvo un lugar en los primeros minutos de los telediarios. El objetivo principal de este pacto mundial por el medio ambiente es que la temperatura media global no aumente más de dos grados a final de siglo, con la consecuente necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

España se encuentra entre los cerca de 200 países firmantes del acuerdo en 2015. Sin embargo, a fecha de hoy todavía no se ha aprobado una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Los partidos llevan meses trabajando en sacar adelante la Ley, aunque los avances son prácticamente inexistentes. El Ministerio de Energía y Medio Ambiente, y el de Agricultura, tienen un papel protagonista en este trámite, aunque la descoordinación entre ambos es patente.

La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, afirmaba recientemente que pronto saldrá un borrador de la norma. Sin embargo, el titular de Energía, Álvaro Nadal, asegura que habrá que esperar a que la Unión Europea publique todo su paquete legislativo contra el cambio climático. El Congreso demandaba esta Ley por primera vez en 2011, y Rajoy lo convirtió en promesa en 2015.

Ante la aparente falta de avance en este sentido, las empresas han tomado la iniciativa, con un manifiesto en el que reclaman la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en este año 2018. Entre los firmantes se encuentran 11 compañías del Ibex 35: Abertis, Acciona, Bankia, BBVA, Endesa, Ferrovial, Iberdrola, Mapfre, Red Eléctrica de España, Siemens Gamesa y Telefónica.

Los promotores del manifiesto reclaman una Ley estable, ambiciosa y eficaz. Como es de esperar, un programa que pretende reducir progresivamente el consumo de combustibles fósiles, no resulta atractivo para algunas grandes empresas. Enagas, Gas Natural, el grupo Santander o La Caixa han optado por no adherirse a este manifiesto. El objetivo de los firmantes es, entre otros, que quien contamine pague.

La contaminación, el riesgo de que aumenten las temperaturas y el deterioro del medio ambiente carecen de protagonismo en la esfera mediática nacional. Es de esperar que una sólo una parte relativamente pequeña de la población conoce estos procesos en materia de legislación medio ambiental. Las noticias y el interés público por el medio ambiente, parecen haberse relegado a decisiones políticas puntuales y catástrofes naturales.

Contemplado este escenario, cabría preguntarse cuantos españoles conocen que en los presupuestos generales de este año, la partida destinada a prevención del cambio climático se ha reducido un 20%. Y no es el primer año que se reduce. El caso Cifuentes, la preocupación por el futuro de las pensiones o la situación de Cataluña parecen tapar por completo el panorama medioambiental, tanto a nivel político como mediático.

En Europa, las emisiones medias de CO2 han aumentado después de 7 años de caída. En nuestro país, las emisiones de los coches nuevos han aumentado, por la disminución de los vehículos diésel. Además, las emisiones de las empresas españolas han crecido un 10% desde 2016. Aunque la situación general es mejor que la presente hace unos años, quedan cabos por atar. El presupuesto en materia de prevención del cambio climático pasará de 27,6 millones a 21,8.

La reducción presupuestaria afectará destacadamente a la Oficina Española del Cambio Climático, que perderá un 40% de previsión de gasto. También estarán afectadas las transferencias a Fondos de las Comunidades Autónomas, el apartado de protección y mejora del medio ambiente y el de actuación en la costa.

Por otra parte, se prevé destinar tres millones de euros a las empresas privadas con el programa PIMA frío. Éste favorece la instalación de sistemas de refrigeración con tecnologías más limpias. Este tipo de iniciativas pretenden, para el Ministerio de Medio Ambiente, facilitar la transición “a una economía baja en carbono”.

El fomento de las energías renovables en España está en entredicho desde que se aprobara en 2015 el llamado “impuesto al sol”. Esta tasa repercute sobre aquellos particulares que generan su propia energía pero completan su consumo con el suministro de la red eléctrica. El entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, defendía que con esta medida los usuarios contribuían con “la red que pagamos entre todos”.

El pasado mes de diciembre, la Unión Europea apoyó esta Ley española. Por ello, las organizaciones ecologistas temen que se extienda a otros países comunitarios. Las únicas alternativas para evitar pagar este impuesto son producir menos de 10kw o desconectarse por completo de la red, una opción cara y complicada.

 

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