Recientemente, hemos sido testigos de una noticia que, por desgracia, nos resulta bastante familiar en nuestros días. Casi 600 inmigrantes a bordo de un barco rumbo hacia ningún lugar se encuentran a la espera de que alguien los rescate. Personas, ante todo, que han dejado su casa en busca de un mundo mejor en el que vivir. Padres, madres, hijos..todos a bordo de un barco que respira miedo e incertidumbre por el qué pasará.

Por el momento, se desconoce cuál será el rumbo que seguirá el barco. En un principio, todas las apuestas eran que “El Aquarius” se dirigía a las costas Italianas, pero no se le permitió la entrada por orden del Ministro de Interior, Matteo Salvani. Ahora, ante la negativa del gobierno italiano, España abre sus puertas a estos refugiados para que puedan entrar por el puerto de Valencia y, que, por lo menos,  dichas personas puedan dejar de vivir en un barco, de unas condiciones infrahumanas y con los mínimos recursos y enseres para sobrevivir.

Según un comunicado emitido por Presidencia del Gobierno “es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria” y ofrecer un “puerto seguro” a estas personas, en cumplimiento de las normas del Derecho Internacional.

Por su parte, el propio Matteo Salvini se ha hecho eco del ofrecimiento de Sánchez. “Victoria. 629 inmigrantes a bordo del barco Aquarius en dirección a España. Primer objetivo logrado”, ha escrito el ministro del Interior italiano en sus redes sociales, quien asimismo ha asegurado en rueda de prensa que la situación del buque “se ha resuelto gracias al buen corazón del Gobierno español”.

Para el líder del Ejecutivo valenciano, Ximo Puig, la medida dará a Valencia una “imagen de solidaridad, de apertura”. “Es precisamente la imagen contraria a lo que fue el paradigma del pasado”, ha añadido.

Previamente, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también pedía a Sánchez que rectifique la política del anterior Ejecutivo en materia de refugiados, “no mire hacia otro lado”, y se implique en la salvación de “vidas humanas” como ya están haciendo ciudades como la suya. De hecho, Colau también ofrecía Barcelona al buque ‘Aquarius’.

Pero ¿Cuál es la realidad?

Aunque el debate sobre la “crisis de los refugiados” esté condicionado por una fuerte carga ética y emocional, la política de asilo y refugio es una política pública, y como tal debemos analizarla.

Al pensar en quienes abandonan de manera forzada sus hogares y se instalan en otros países como solicitantes de asilo y refugiados, nos suele provocar un torbellino de sentimientos. Esto explica que se haya escrito y hablado con mucha vehemencia sobre la actual crisis de los refugiados.

El caudal de solidaridad que ha emergido de esta crisis no debe limitarse a la expresión de un descontento que nos deje en paz con nosotros mismos. Es necesario reflexionar sobre cómo buscar soluciones y evaluar si los sistemas existentes son eficaces para dar una asistencia a personas cuya normalidad se ha visto truncada con violencia. Creemos que la mayor parte de nuestra sociedad ha reclamado solidaridad sin exigir a las autoridades competentes una gestión exitosa del refugio y el asilo.

En España, el malestar no se ha traducido en presiones para impulsar el desarrollo reglamentario de la norma vigente, ni ha fomentado el debate sobre cómo mejorar la gestión de la acogida y, de forma general, no ha reclamado transparencia y resultados concretos a las administraciones competentes.

¿Cómo actúa España?

España reparte a las personas que solicitan su lugar en función de la capacidad de acogida de las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Más allá de la existencia de cuatro Centros de Acogida de Refugiados (CAR), el alojamiento y atención de las personas que solicitan asilo en España se encomienda a las ONGs que se encargan de su atención, acogida y primera integración.

Dicho de otro modo, la distribución de las personas solicitantes de asilo en España depende de la implantación territorial de estas ONGs, y debemos pensar si esto es razonable. Abrir un debate sobre la distribución territorial de los refugiados en el país no supone cuestionar el trabajo de las ONGs en la acogida de los refugiados y solicitantes de asilo. Pero una cuestión de esta magnitud requiere que las administraciones autonómicas tomen decisiones en el marco de principios como el de subsidiariedad con las administraciones locales.

¿Y qué dicen los datos?

La realidad es que nuestro país, está por debajo de la media en acogida de refugiados. Sin embargo, las instituciones europeas no pueden cantar victoria: de los 160.000 refugiados que estaba previsto acoger bajo diferentes fórmulas (reubicación y reasentamiento) solo lo han sido 27.695, el 17,5%. Pero la nota española es aún peor: han llegado 1.980 refugiados de los 17.337 previstos. El 11,4% del total.

El ex Gobierno elude cualquier responsabilidad en el incumplimiento de sus compromisos. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, esgrimía una carta de la Oficina de Reubicación de Grecia en la que esta le comunicaba que no había expedientes de refugiados que cumpliesen los requisitos para ser reubicados.  Y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el pasado verano que España haría un “esfuerzo adicional” y acogería a 500 refugiados mensuales desde Italia y Grecia durante el verano.

Seis países han acogido por esta vía más refugiados que España (1.279): Alemania (7852), Francia (4278), Holanda (2357), Finlandia (1950), Suecia (1903) y Portugal (1415), según los últimos datos. No sorprende que países como Francia y Alemania o los nórdicos hayan sido más generosos a la hora de traer refugiados, pero sí Portugal, que prácticamente ha cumplido sus compromisos.

 

 

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