Eran cuatro las denuncias y varias medidas cautelares puestas en marcha las impuestas contra el hombre que disparó el pasado miércoles a su pareja provocando su muerte.

Jessica, la joven de 28 años que fue asesinada por su expareja el pasado miércoles en Elda, ha fallecido tras permanecer un día en una situación de muerte cerebral. Momentos antes de su muerte, diversos representantes públicos han coincidido en la necesidad de la inmediata revisión de los protocolos de actuación una vez las mujeres impongan las denuncias.

En lo que llevamos de año, son ya 43 las mujeres que han muerto por violencia machista y 8 de ellas, habían recurrido con anterioridad a las autoridades. En el caso que hoy nos atañe, cabe destacar que ya eran cuatro las denuncias impuestas por la mujer fallecida y se habían iniciado una serie de medidas cautelares. De hecho, el mismo jueves, el agresor, que se suicidó una vez protagonizado el crimen en la puerta del colegio Santo Negro en presencia de su hijo, debería hacer sido sometido a juicio por la última de estas acusaciones.

En estos momentos, la principal incógnita es si es cierto que se activó alguna medida de protección policial hacia la víctima tras el previo aviso del juzgado. Y, en caso de que fuese real, por qué no resultó efectiva. Por otro lado, cabe la duda de si se podría haber enviado al asesino a prisión cautelar tras haber sido detenido el pasado martes.

Denuncias y medidas cautelares previas

Según informó el TSJCV, la primera denuncia data del año 2014, aunque en el juicio la víctima decidió no declarar y, por ello, el agresor resultó absuelto. Tras el paso de un par de años, esta vez sí fue condenado acusado de un delito de lesiones. Sin embargo, al reconocer los hechos se benefició de la reducción de la pena, por lo que fue condenado a ocho meses de alejamiento. La tercera denuncia se produjo este 2 de noviembre por amenazas y el juzgado dictó como medida cautelar hasta que se celebrara el juicio este jueves una orden de alejamiento de 300 metros y de comunicaciones.

Juan Carlos Moragues, delegado del gobierno en la Comunitat Valenciana, admitió que este caso obliga a hacer “una reflexión colectiva y pensar en qué podemos hacer mejor para que no se repita”.

Según recordó el TSJCV ni la Fiscalía ni la víctima pidieron otras medidas y el magistrado ordenó comunicarlas a las fuerzas de seguridad, así como a las diferentes administraciones públicas competentes. El caso es que dos días después, el agresor quebrantó la orden al llamar a la víctima a través de terceros, por lo que, tras una cuarta denuncia, fue detenido este martes, pero el juzgado de guardia lo puso en libertad porque no hubo nuevas amenazas, aunque quedó como investigado por un posible delito de quebrantamiento de una medida cautelar.

Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y ‘consellera’ de Igualdad, subrayó la necesidad de la creación de un frente social que actúe en contra de los maltratadores. “Hemos de procurar, desde toda la sociedad, las instituciones y los poderes públicos, mostrar que estamos al lado de la víctima y absolutamente enfrentados a los agresores”, añadió. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, fue un paso más allá y apuntó directamente al ejecutivo de Mariano Rajoy. “Desolación e impotencia. Exigimos al gobierno que la aplicación del pacto de estado no se demore ni un minuto más”.

Un minuto de silencio

La comisión de seguimiento del pacto valenciano contra la violencia de género y machista se reunirá en los próximos días para analizar «qué ha fallado» para que la joven de Elda haya sido asesinada por su expareja.

La vicepresidenta del Consell y consejera de Igualdad, Mònica Oltra, ha hecho el anuncio en la conferencia de prensa tras el pleno del Gobierno valenciano de los viernes y después de guardar tres minutos de silencio a las puertas del Palau de la Generalitat en condena por el asesinato machista.

No ha sido la única concentración de condena contra este brutal episodio de violencia de género. A lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana se han sucedido iguales muestras de condena. Anoche fueron cientos los vecinos de Elda que mostraron su repulsa por este nuevo caso.

Las 63 entidades que forman parte de la comisión de seguimiento del pacto analizarán qué ha fallado porque había denuncias y antecedentes previos, una condena por lesiones previa y un juicio pendiente para ayer por un quebrantamiento de la orden de protección.

Según la vicepresidenta del Consell, «estamos absolutamente golpeados por tanto daño, por tanta brutalidad y por tanto dolor en este momento», y ha reivindicado que «vamos a seguir luchando contra la violencia de género y machista en ese gran pacto que firmamos en esta comunidad”.

«Algo en esta cadena ha fallado», ha afirmado Oltra, quien ha agregado que, cuando una mujer ha denunciado, «los poderes públicos debemos ser capaces de protegerla».

Por último, ha señalado que el Consell destinará 12,8 millones en 2018 a la lucha contra la violencia género.

Fuente: EFE/Manuel Lorenzo

Desde la Fundación Ana Bella, en Andalucía, que se dedica especialmente a la atención de una media de 1.200 mujeres al año, la trabajadora social Carmen Rodríguez apuntó que las víctimas pueden pedir que se le imponga al maltratador una pulsera “que en el caso de que se acerque a la víctima, permita que se le avise para que vaya a un lugar seguro”.

Rodríguez destacó la eficacia de la medida, aunque admitió que incluye “un dilema ético” pues a su vez “obliga a una mujer que no tiene culpa de nada a estar controlada 24 horas al día por GPS”. “Es un servicio muy bueno, pero debes valorar hasta qué punto de tu vida estás dispuesta a entregar”, señaló.

Quizá sea efectivo el hecho de la imposición de este tipo de pulseras a los maltratadores, pero lo que la sociedad necesita viendo estas cifras, es una enorme concienciación sobre el grave problema que atañe a la sociedad la violencia machista.

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