La Dirección General de Tráfico (DGT) y el Comité de Huelga del colectivo examinador -agrupado en la asociación Asextra- se reunieron el pasado martes 28 con el fin de establecer los servicios mínimos a la huelga en diciembre que ya comenzó el pasado junio.

Según aseguró en declaraciones a Europa Press el presidente de Asextra, Joaquín Jiménez, en caso de que estos servicios mínimos se autoricen finalmente, los recurrirán ante los tribunales, ya que la legislación no considera el servicio que prestan los examinadores de tráfico una actividad «esencial», por lo que no estaría regulado la imposición de servicios mínimos. En todo caso, el colectivo pidió que, por «respeto», la negociación de servicios mínimos tendría que pactarse con el Comité de Huelga.

Siguiendo con ello, Vanesa Fernández Soage, miembro del Comité de Huelga, ha reclamado en un comunicado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que envíe a la reunión de este martes «a una persona con capacidad de negociación y decisión, con amplitud de miras, con talante dialogante y con ganas de poner fin a este conflicto laboral que ya dura demasiado».

Por otro lado, Asextra informa de que se reunirá este miércoles día 29 con «todos» los portavoces de los grupos políticos en el Congreso «con el fin de buscar frente común para solucionar la huelga de examinadores».

El rechazo de los examinadores

Ya fue la semana anterior cuando se publicaron los servicios mínimos, después de que los examinadores rechazaran, con un 98% de los votos, la última propuesta que la DGT hizo al colectivo durante la negociación que ambas partes mantuvieron en la reunión del pasado 14 de noviembre. Una oferta basada en un Plan Especial de Productividad, con la que proponían una subida retributiva de 125 euros al mes por examinador por trabajar una hora u hora y media más a la semana.

Los trabajadores llevan desde 2015 reclamando un incremento de 250 euros en su salario, año en que el Gobierno se comprometió a hacerlo efectivo. Sin embargo, la DGT insiste en que el dicho acuerdo perseguía  elevar a Hacienda la petición, no de efectuarla.

Además de imponer servicios mínimos, el responsable de Tráfico adelantó que la DGT remitiría a los trabajadores, «una vez constatada su nula intención de negociar nada», a que llevasen sus reivindicaciones a la Mesa General de Negociación, órgano donde representantes de la Administración y sindicatos se sientan a negociar. La asociación que agrupa al colectivo también exigió este miércoles negociar con «gestores que sean capaces» de poner fin a la huelga.

El ministro de interior pide «cordura»

El pasado martes 28 de noviembre, aprovechando el acto de presentación de la campaña “Magia” de la DGT sobre las distracciones al volante, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reclamó «cordura» a los funcionarios examinadores de tráfico, en huelga desde el pasado mes de junio. «Lo único que pido es cordura, que es bueno que se imponga, y responsabilidad», afirmó al ser preguntado sobre este conflicto.

Zoido ha querido apelar a la reunión que tuvo lugar el mismo día entre el colectivo y la DGT, donde se fijaron los servicios mínimos después de un prolongado tiempo de huelga de cinco meses. Además, Zoido espera que «en los próximos días» se resuelva la situación y «que se restablezca el ambiente». «La situación ni puede ni debe prolongarse por más tiempo”, subrayó el ministro.

El ministro también reconoció el «trabajo minucioso» realizado por Tráfico y su director general, Gregorio Serrano, quien, a su parecer, ha negociado «muchas cosas con Hacienda», órgano competente de llevar a cabo la subida retributiva que reclaman los examinadores, consistente en el aumento del complemento específico en 250 euros mensuales.

Por su parte, la DGT,  ya hizo público la semana pasada que decretaría un 50% de servicios mínimos en caso de que los trabajadores prolongasen la huelga a diciembre. Con esto, Zoido refrescó la memoria a los asistentes acerca de las medidas que la DGT había puesto ya en marcha, entre las que ha destacado la convocatoria de plazas de promoción interna, la creación de una especialidad de Tráfico dentro de los cuerpos generales de la Administración del Estado, o el aumento de la productividad.

El ministro ha reiterado que algunas cosas no iban a cambiar, como, por ejemplo, que el sistema de exámenes seguirá siendo público, así como el descarte de la propuesta de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) de privatizar el servicio de exámenes, esta posibilidad.

Reclamos y consecuencias de la huelga

La Confederación Nacional de Autoescuelas (Cnae) propuso un cambio en el modelo de los exámenes prácticos de conducir. Pidió que empresas privadas también puedan hacerlos, siempre con la supervisión de la DGT. Su presidente, José Miguel Báez, reclamó que se incorporen 200 examinadores más frente a los 122 que prevé Tráfico para verano.

Báez apeló a Alemania o Portugal, «donde desde 1992 coexisten exámenes públicos con privados, supervisados por la Administración pública”, ya que la patronal ha detectado que algunos alumnos están yendo al país vecino a sacarse el examen.

Otra de las soluciones aportadas por el presidente es que se transfiera a las comunidades autónomas parte de la gestión de estas pruebas. La patronal califica de «insuficientes» los examinadores que la DGT prevé incorporar para verano: «A principios de año, el propio ministro de Interior, José Ignacio Zoido, defendió que hacían falta 176 examinadores. Tráfico sólo ha ofrecido 122 plazas que con las previsibles bajas de jubilación se quedarán en 62 plazas para 2018».

El presidente de la asociación ve «positivos» los servicios mínimos del 50% decretados por Tráfico el pasado martes, algo que venían reclamando desde hace meses: «No va a solucionar el problema, pero lo paliará, reduciendo a la mitad los entre 3.000 y 3.500 exámenes que se suspenden cada día».

La Cnae dice que se han dejado de hacer más de 200.000 exámenes prácticos-100.000 permisos expedidos menos-, «que equivalen a un millón de horas perdidas para los alumnos. No hemos dado 10 clases por cada uno de ellos». Las pérdidas acumuladas son de 90 millones de euros y 114 autoescuelas han cerrado definitivamente en un sector atomizado, con más de 9.000 centros, que pedirá compensaciones económicas.

La DGT dijo el martes que la tasa de aprobados se había mantenido durante la huelga en el 49%, algo que niega la Cnae: «La gente reinicia las clases más cerca de la convocatoria para gastar menos. Van peor preparados. Las cifras se han estabilizado, pero hace un mes y medio la mayoría suspendía».

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