La legitimación de un nuevo Estado

La actualidad está marcada por la consulta independentista que la Generalitat de Cataluña tiene intención de celebrar el próximo 1 de octubre. El Gobierno de España se apoya exclusivamente en la vulneración de la legalidad vigente para impedir su celebración puesto que la Constitución Española de 1978 prohíbe la independencia de una parte del territorio español. Sin embargo, el surgimiento de un nuevo Estado desborda el marco teórico-legal en la medida que todo Estado establece su marco jurídico con la finalidad de persistir por lo que, casi ningún Estado contempla la posibilidad de independencia de una parte del mismo.

Un Estado cuya constitución sí que contemplaba la posibilidad de una independencia de una parte de su territorio era la Unión Soviética. No obstante, en el mismo texto legal, se precisaban las fronteras del país por lo que ejercer el llamado «derecho de secesión», que nada tiene que ver con el «derecho de autodeterminación» reconocido por la ONU, era prácticamente imposible. De hecho, este Derecho no se desarrolló hasta que el riesgo de fragmentación del país se hizo latente.

Los países pioneros en abandonar la Unión Soviética fueron los países bálticos. Desde 1987, y bajo el amparo del ejecutivo soviético, las tres repúblicas pusieron en práctica medidas para reforzar su propia identidad como la oficialidad de las lenguas propias, la promoción de su cultura mediante festivales de canciones o incluso la independencia económica. Finalmente, en marzo de 1990, el parlamento de Lituania declaró la ruptura con Moscú, decisión que el pueblo lituano ratificó mediante referéndum; pasos que Estonia y Letonia también siguieron.

De acuerdo con la legislación soviética vigente, no cabía la celebración de estos referendos. Desde algunos sectores de la política catalana se ha buscado un paralelismo entre estos procesos de independencia y el de Cataluña. Actualmente, las repúblicas bálticas son Estados perfectamente integrados en la comunidad internacional: las tres son miembros de la ONU y la Unión Europea e incluso han ganado el Festival de Eurovisión: Estonia en 2001 (el año de David Civera), Letonia en 2002 (el año de Rosa de España) y en 2006, Lituania ya venía ganada de Vilna. A pesar de que, la comunidad internacional se mostró dubitativa en su reconocimiento, el carácter ilegal de sendos procesos no fue problema para el reconocimiento de estos países una vez que Rusia, todavía miembro de la Unión Sovíética, hiciera lo propio.

El último Estado Europeo en lograr la independencia es Kosovo que, en febrero de 2008, proclamó su independencia de manera unilateral. Actualmente, es un Estado con un reconocimiento limitado en la medida países como España, Irán, Venezuela, Cuba o Rusia siguen señalando la soberanía serbia en ese territorio. Y es que Kosovo es un territorio con un fuerte valor sentimental para el pueblo serbio pues allí consideran que se encuentra el origen de su patria. Sin embargo, hoy en día, el 88% de la población de ese territorio es albanesa en términos étnicos, con una lengua, religión y costumbres diferentes a las serbias. Asimismo, los excesos del ejército serbio en las Guerras Yugoslavas, genocidio incluido, y los intereses geopolíticos en la zona balcánicas llevaron a que Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, entre otros países, y organismos supranacionales como la Unión Europea se lanzaran a reconocer a Kosovo como Estado. En 2010, la ONU declaró que dicha declaración unilateral no vulneraba el Derecho Internacional por el carácter excepcional de la situación.

No obstante, no se puede extrapolar el caso puesto que las diferencias entre un habitante de Vic y uno de Medina del Campo son mucho menores que las existentes entre un serbio y un albanokosovar y, a diferencia de Serbia, España es un país plenamente sumergido en las redes en las que se encuentra los poderes fácticos por lo que, es muy improbable, que los mismos países que reconocieron inmediatamente la independencia de Kosovo, lo hagan con Cataluña.

En última instancia, el éxito de una declaración de independencia viene marcada por los movimientos políticos puesto que no estamos ante una declaración legal sino ante una política. Por eso, la estrategia del Gobierno de España de aferrarse a la legalidad vigente es errónea en la medida en que ésta nunca ha sido un impedimento para la formación de nuevos países. El único efecto de esta manera de proceder es mantener el pulso con la Generalitat de Cataluña con el riesgo que conlleva de que la ventaja que España mantiene en el terreno político cambie de bando. Y a medio plazo nada es imposible…

 

 

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