El 7 de enero de 2020, Pedro Sánchez Castejón, secretario general del PSOE fue investido presidente del gobierno. Tras 10 meses de inestabilidad política con un Ejecutivo en funciones y 2 elecciones generales en apenas medio año, se alcanzó la mayoría simple en el Congreso. Unidas Podemos y PSOE llegarían a un acuerdo para formar el primer gobierno de coalición de la democracia española. Pero la felicidad fue efímera ya que este pacto se ha convertido en el gobierno más criticado desde la dictadura franquista.
La coalición de la izquierda prometía crear un nuevo estado inclusivo, plural e igualitario. Sin embargo esas promesas como tantas otras solo se han quedado en palabrería de campaña. Hay que admitir que el 2020 ha puesto las cosas difíciles, el COVID – 19 ha provocado la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por otro lado, el millón y medio de contagiados y los 42.300 muertos oficiales (esta cifra es bastante dudosa ya que se contradicen entre los gobiernos autonómicos y el central).
¿Cómo hemos combatido la crisis?
Lo que es seguro es que la gestión de la pandemia ha sido satisfactoria. España es el país avanzado más golpeado económicamente por el coronavirus según el FMI (Fondo Monetario Internacional), con un descenso de la actividad económica del 12,8 %. En cuanto a la situación epidemiológica, somos el sexto país en el ranking de contagios. Pero esto no quiere decir que otro gobierno lo hubiera hecho mejor, al contrario. Solo hace falta ver unos minutos de cualquier sesión en el Congreso de los Diputados para percatarse del declive de la política española.
Aunque aun hay mucho más, el descontento de la población española crece diariamente. Empezando por la gente que está en ERTE y no ha cobrado ni un solo euro desde Marzo. Mientras tanto proponen subir el sueldo de los diputados un 0,9 %, tras habérselo subido ya un 2% en febrero, irrisorio. El mayor caso de corrupción de la democracia es obra del PSOE andaluz. Casi 680 millones de euros desviado durante 10 años. Unidas Podemos tampoco es el partido íntegro que prometía cambiar la política española. Se acumulan los escándalos como el del móvil de Dina Bousselham, el caso Neurona y la financiación ilegal de parte de Irán, Venezuela y Bolivia. Al fin y al cabo ya estamos acostumbrados a la corrupción, cuando no son unos son otros.
Reformas cuestionables
Incluso la Unión Europea ha tenido que intervenir para que el gobierno no implántese la reforma de ley para la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una propuesta que supone un atentado contra la división de poderes, politizar la justicia es suprimirla. Además, el gobierno ha puesto en marcha una comisión permanente contra la desinformación, lo que la oposición ha denominado “Ministerio de la Verdad” en referencia a la obra distópica de Orwell llamada 1984. Su función es perseguir las fake news sobre el COVID – 19 por el bien de la ciudadanía. Lo curioso es que el propio Ejecutivo es quién decide que noticias son falsas y cuales verdaderas. Esto supone un ataque contra la libertad de prensa, un control informativo basado en criterios desconocidos para determinar la veracidad de los hechos.
En cuanto a la actualidad inmediata tenemos el pacto de los presupuestos generales para 2021. PSOE y Unidas Podemos han pactado con los partidos independentistas EH Bildu y ERC para sacar adelante los presupuestos, ignorando la propuesta de Ciudadanos. La población española no ha recibido con entusiasmo esta noticia, ya que todavía no ha curado la heridas causada por ETA. El Ejecutivo se excusa en la necesidad de alcanzar un acuerdo rápidamente que favorezca la situación del país, pero ni si quiera ellos se creen lo que dicen.
La Ley Celaá en el punto de mira
La guinda del pastel es la Ley Celaá, que ha sido aprobada por la mínima este jueves 19 de noviembre. Sinceramente no conozco a nadie que este de acuerdo con un solo artículo desarrollarado en esta ley. El fin del castellano como lengua vehicular ha sido atacado por la RAE y por eruditos de la cultura española tanto de izquierdas como de derechas. Tachan la ley de “genocidio” cultural.
Otro aspecto clave es la eliminación de la educación concertada. El Estado dejara de dar ayudas a miles de colegios que se quedaran sin estudiantes ya que no todas las familias pueden permitirse una educación privada desde los 3 a los 16 años. ¿Adónde irán todos los niños de la concertada a estudiar si no pueden pagar la educación privada y no hay plazas suficientes en la pública?
Y por si no fuera suficiente también quieren eliminar los colegios de educación especial. El argumento es que estos centros no favorecen la inclusión de personas con diversidad funcional y el gobierno considera favorable una escuela pública para todos. Es irónico que sean los mismos padres de este colectivo quienes se nieguen rotundamente a esta ley. Manifiestan que sus hijos tienen necesidades diferentes a las de un niño sin discapacidad y que requieren una atención mayor que la educación pública no va a poder satisfacer. Millones de personas en toda España están convocadas mañana, domingo 22, a manifestarse en un marcha de automóviles en contra de esta ley.
Es curioso como los partidos que promovían la libertad, la pluralidad y la defensa de los derechos del pueblo estén haciendo justo lo contrario. Se hace extraño ver como la derecha grita “libertad” en el Congreso contra las leyes de la izquierda, cuándo estábamos acostumbrados a que fuera al revés. Nada ha resultado ser lo que parecía, a lo mejor lo tenían planeado desde el principio. Los estadísticas dicen que para 6 de cada 10 personas ha empeorado su opinión sobre el gobierno de Sánchez, será por algo.
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