Recientemente hemos podido presenciar cómo los países latinoamericanos se colocan en el punto de mira de toda sección de política internacional: el primer gobierno de izquierdas en Colombia, liderado por Gustavo Petro; un intento de proceso constituyente en Chile; unas elecciones generales muy reñidas entre Bolsonaro y Lula da Silva en Brasil…

Sin duda estamos viviendo un momento histórico para el avance de los derechos sociales y la izquierda política. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la gran derrotada en las elecciones de los últimos años no ha sido la derecha, sino el oficialismo: casi todos los partidos gobernantes latinoamericanos están siendo rechazados cuando optan a la reelección, sea cual sea su signo político.
Por ejemplo, la izquierda ha perdido Uruguay y Ecuador, ambos países donde llevaba muchos años en el poder. Vivimos tiempos de amplio resentimiento hacia el poder.

Como apuntan los expertos del Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, si bien ya se ha vivido una ola de expansión de la izquierda en este territorio, nada tiene que ver con el contexto en el cual se han desarrollado los hechos. En la década de los 2000, candidatos de izquierda ganaron las presidenciales decisivas, como Hugo Chávez en Venezuela, o José Mujica en Uruguay. Sin embargo, no se puede comparar una izquierda radical como la de Chávez con la propuesta mucho más moderada de Lula da Silva o Bachelet. Es importante diferenciar entre una izquierda democrática y una que dista mucho de regirse por los principios democráticos. Los gobiernos de izquierda de la región tienen matices sociales, económicos e ideológicos. Pero claramente, estos matices son secundarios al carácter democrático de un país. Lamentablemente, Cuba, Venezuela o Nicaragua, que se autodenominan países de izquierda, no juegan en la misma liga. Cabe diferenciar entre estos regímenes y aquellos donde se busca la protección de los derechos humanos y las libertades del pueblo.

En este contexto de reformas democráticas, Paraguay se coloca en la lista de espera para una nueva reforma constitucional que responda a las peticiones del pueblo, dado que la legitimidad de la constitución de 1992 se ha cuestionado varias veces en la historia reciente del país.

En primer lugar, durante la crisis política de 2012, se comenzó a poner en duda si es legítimo que la constitución permita una “juicio exprés” de tan solo 48 horas para juzgar al expresidente Fernando Lugo, que acababa de ser destituido ante las acusaciones de mal desempeño del cargo. Lugo llegó al poder en 2008, rompiendo la hegemonía de más de seis décadas del Partido Colorado; consiguió el cargo gracias al apoyo de la denominada Alianza Patriótica para el Cambio, integrada por el Partido Liberal Auténtico y referentes políticos de centroizquierda. El ascenso de Lugo supuso el primer paso en la andadura de la alternancia política pacífica. Sin embargo, no llegó a agotar su mandato, a raíz del citado “juicio exprés”. De esta forma, se dio comienzo a la crisis de legitimidad de la constitución paraguaya que acompaña al país hasta el día de hoy.

Pronto otro suceso la puso en duda de nuevo. En marzo de 2017, el presidente Horacio Cartes propuso una enmienda constitucional para añadir la posibilidad de reelección en el mandato presidencial de cinco años. Este movimiento fue considerado como “un golpe de estado” por la oposición, que acusó al presidente de tener una actitud autoritaria. Como consecuencia, nació el conocido como “Segundo Marzo Paraguayo”, un periodo casi revolucionario caracterizado por una serie de protestas multitudinarias iniciadas el 31 de marzo de 2017, durante las cuales los manifestantes incendiaron el Congreso de Paraguay. Las protestas son recordadas como momentos sangrientos, donde manifestantes, políticos, periodistas y policías sufrieron graves heridas e incluso muertes. Para muchos, los heridos por bolas de goma lanzadas por los cuerpos de seguridad son prueba de un claro abuso de autoridad.

Seguidamente, el 26 de abril del mismo año, la Cámara de Diputados de Paraguay rechazó el proyecto de enmienda constitucional, manteniendo la prohibición de reelección presidencial con la experiencia de la larga dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954 – 1989) en mente.

Por último, la llegada de la Covid-19 destruyó gran parte del tejido económico y social del país, que no contaba con los fondos necesarios para enfrentarse a la emergencia sanitaria, en parte debido al alto nivel de contrabando que reduce sus ingresos fiscales. Con el objetivo de solucionar este problema, en un futuro próximo es probable que se realice una nueva convención constituyente, que produzca una reforma estructural del Estado.

En este artículo recogemos un resumen de la propuesta de reforma constitucional del Centro de Estudios Judiciales, una asociación de juristas paraguayos sin ánimo de lucro.

Para comenzar, se pretende elaborar una reforma estructural del Estado, que reduzca el tamaño del aparato estatal y ponga fin a la superposición de funciones que diluye responsabilidades y dificulta la coordinación. Además, se busca reducir la cantidad de puestos de trabajo de libre disposición para promover la meritocracia y la libre competencia.

Por otra parte, en lo referente al poder legislativo, se busca dificultar el proceso de impeachment del presidente, para evitar que vuelva a ocurrir un “juicio exprés” como el de Fernando Lugo en 2012.
También se pretende que el pueblo sea mejor representado, reforzando los mecanismos de referendos y la iniciativa popular. Finalmente, se quiere modificar la modalidad de elección del poder legislativo, apostando por las listas sábanas en las que se vota en bloque (como en España). En definitiva, se quiere dar más importancia a la disciplina de partido y a las medidas de democracia directa.

También hay llamamientos a reformar el poder judicial. Primeramente, se pretende terminar con la elección de jueces por el senado y el presidente, así como acabar con la superposición de funciones de la Corte Suprema de Justicia. Se necesita reformar la inmovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y reducir la mora judicial (retraso por parte del juez a la hora de dictar la sentencia). Por último, en Paraguay solo existe sentencia de inconstitucionalidad inter pares (afecta solo a las partes involucradas en el proceso), y los reformistas creen que debería haber también inconstitucionalidad erga omnes (surte efecto a personas que no han sido parte del procedimiento, como las sentencias del Tribunal Constitucional de España). Con estas modificaciones, aspiran a tener un mejor funcionamiento de la democracia paraguaya, con mayor independencia del poder ejecutivo y legislativo, agilizar los procesos judiciales y evitar estancamientos.

Pero, ¿hasta qué punto es viable dicha reforma? La constitución de 1992 regula dos procedimientos distintos: la reforma, que es una revisión total del texto; y la enmienda, que es una revisión parcial. En este caso, ya que varias de las propuestas son referentes a las atribuciones de los poderes del Estado, la constitución exige que se emplee el procedimiento de reforma. La reforma tiene que ser solicitada por la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las Cámaras del Congreso, el Presidente de la República o treinta mil electores, en petición firmada. La declaración de la necesidad de la reforma sólo puede ser aprobada por mayoría absoluta de dos tercios de los miembros de cada Cámara del Congreso. Después, se convocan elecciones para elegir una Convención Nacional Constituyente, que tiene la potestad de aprobar una nueva constitución.

A priori, los requisitos pueden cumplirse, de modo que la reforma es factible. Solamente falta un último detonante que ponga en marcha, quizás un movimiento social, de suerte que la población civil se organice y tome las calles pidiendo una constitución más justa y representativa. El sentimiento de descontento ya está implantado en la sociedad paraguaya, y teniendo en cuenta que países vecinos como Chile han comenzado a luchar por el cambio, puede que pronto presenciaremos un efecto contagio de la reivindicación de la justicia, puede que pronto, Paraguay comience su andadura hacia una democracia más representativa y legítima.

En colaboración de Antón Diego Castro.

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