La Policía Nacional, la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) coordinaron la detención este domingo en Alemania del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont.
La policía alemana ha confirmado la detención de Puigdemont en una autopista del país, al que entró a través de la frontera con Dinamarca, tras abandonar el viernes por la noche Finlandia, donde había sido invitado para ofrecer unas conferencias.
Un arresto que, sin duda, complica la vida judicial del ex President de la Generalitat. Ya que abrirá previsiblemente un proceso de estudio de su caso ante la justicia germana, que deberá decidir si entrega a España al político, procesado desde el viernes pasado por delitos de rebelión y malversación por el proceso que acabó con la declaración de independencia de Cataluña el pasado 27 de septiembre.
Bélgica era un buen refugio por el hecho de que en su código penal no existe un delito directamente equivalente al de rebelión. Fuentes judiciales consideraban que de seguir en Bélgica lo más probable es que solo se consiguiera una entrega parcial, que solo permitiera su enjuiciamiento por delito de malversación.
El juez de distrito, encargado de la decisión de la entrega en primera instancia, podrá ordenar la detención provisional del expresidente mientras el Tribunal Superior del land toma la decisión definitiva sobre la extradición. El fallo deberá resolverse en un plazo máximo de 60 días, según las leyes alemanas de extradición. Una vez decidida la entrega, el plazo máximo para que esta se lleve a cabo es de diez días.
La Orden Europea de Detención se regula en España en la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Esta norma traspone al derecho español, entre otras, una decisión marco comunitaria de 2002 sobre este mecanismo de la entrega de detenidos con mayor rapidez. Aunque el procedimiento, sobre el papel, es bastante ágil, fuentes jurídicas señalan una serie de barreras legales que pueden dilatar los plazos.
Una alegación podría ser el hecho de que la rebelión no se encuentra entre la lista de 32 delitos que la norma europea establece como exentos de “control de la doble tipificación”, es decir, que ese delito esté recogido en los códigos penales de ambos países. La rebelión en la normativa alemana y en la española es bastante similar: en ambos casos se exige violencia y el objetivo de atentar contra la Constitución o la integridad territorial del Estado. El sistema simplificado de la OED se basa en un “grado de confianza elevado” entre los Estados miembros de la UE y de que las resoluciones judiciales de un país son reconocidas por el resto.
La radiografía de la situación
El 26 de febrero de 1936, 10 días después de la victoria del Frente Popular en las elecciones generales del 16 de febrero, Manuel Chaves Nogales, director del periódico Ahora, escribió, bajo el titular ¿Qué pasa en Cataluña?
Meses más tarde, se produjeron sucesivamente, el levantamiento militar de Franco, la Guerra Civil y los acontecimientos revolucionarios en Cataluña.
Hace unos días, ante el 1-O, saltó la incertidumbre de qué ocurrirá en Cataluña después de que todo haya sido normal durante esta época pasada. La posibilidad de celebrar un referéndum nunca fue una posibilidad realista, porque no tenía cabida en la Constitución Española realmente existente y, por ello, sería rechazado por el Gobierno de Rajoy.
Sin embargo, el Govern de la Generalitat decidió saltarse las normas. La ley de referéndum, complementada con la de transitoriedad jurídica, base del nuevo Estado catalán, y otras leyes como la de Hacienda harían a Cataluña como si fuera un Estado dentro del Estado español.
Rafael Catalá, declaró el 9 de noviembre de 2014: “El proceso se ha llevado a cabo al margen de cualquier marco jurídico preexistente; no tiene amparo ni en las leyes catalanas ni en decreto de convocatoria alguno. Sus promotores han renunciado a cualquier apariencia de neutralidad, convertidos en juez y parte del proceso y ni siquiera se ha garantizado la igualdad de todos los catalanes ante el simulacro de consulta”.
Las fuerzas del independentismo necesitaban tejer las apariencias legales para superar el 9-N, sin ignorar, que lo que no puede ser, parece imposible. Pero también para el Gobierno, según explicó el ministro Catalá el pasado 13 de septiembre, el 9-N era un “referente”. Nadie mejor que él para saberlo, porque esa consulta había tomado forma.
Pero esta vez Mariano Rajoy tiene, tenía también en otras ocasiones dos tareas pendientes: desarticular formalmente, con el apoyo y la aceptación del Tribunal Constitucional, las fiscalías, la Policía y la Guardia Civil, el referéndum formal y, acto seguido, también impedir un nuevo 9-N.
La otra cara del independentismo catalán
Desde el pasado 1 de octubre y el intento fallido de referéndum por parte del Govern catalán, han sido numerosos los actos de intimidación y violencia por parte de los independentistas catalanes: piquetes en colegios, movilizaciones a favor de la República catalana, desplantes…
En estos días, expertos en la agitación social, los llamados Comités de Defensa de la República han endurecido sus acciones. Sus últimas actuaciones han recaído en cortes y sabotajes de peajes en autopistas, mensajes de amenaza a jueces y el bloqueo de carreteras. Unos hechos que la Fiscalía considera que atentan contra la paz pública y el orden constitucional.
Los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) se han convertido en el activismo más violento del independentismo catalán. No necesitan financiación específica porque sus miembros son heterogéneos, desde jubilados hasta estudiantes, pasando por profesores universitarios o jóvenes anarquistas con señalamientos policiales.
Para la policía catalana, “son los mismos que se organizaron para esconder las urnas y colocarlas en los centros electorales aquel día los que ahora están detrás de los sabotajes en los peajes” y cortes de las vías o de las pintadas amenazantes a jueces.
Se caracterizan en su mayoría por militar en la izquierda y se coordinan por medio de las redes sociales, en grupos y mediante convocatorias masivas. El objetivo de todos ellos es común, como manifiestan en los diferentes actos. Quieren la independencia, el socialismo y la lucha antipatriarcal.
Ante la pertinencia y violencia de determinadas actuaciones, ahora es la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que se ha propuesto acabar con esto y ha puesto en marcha una investigación por posibles delitos de “sedición y rebelión”.
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