A una semana de la consulta independentista de Cataluña, impulsada por Junts pel Sí y la CUP, la situación en la Comunidad Autónoma marca la actualidad política y los movimientos del Gobierno de Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se miran con lupa.

Entrevistamos a Núria Ramon, responsable de Igualdad del PDeCat, uno de los partidos integrados en Junts pel Sí, que aboga por la independencia de Cataluña.

¿Habrá referéndum la semana que viene?

Por supuesto. Es el único escenario que debemos contemplar y para el que muchos ciudadanos e instituciones llevan tiempo trabajando.

Ayer pudimos escuchar a Mariano Rajoy durante la clausura de la Reunión de Presidentes Provinciales del PP decir que «el Estado de derecho ya ha impedido el referéndum»… 

Estos últimos días se han llevado a cabo muchas actuaciones con ese objetivo, pero el referéndum es la manera de dar salida al debate político que hay en Cataluña en estos momentos y no creo que un Gobierno que pone impedimentos para que la gente vote deba enorgullecerse de ello.

¿No hay otra salida al debate político que hay en Cataluña en estos momentos?

En estos momentos, la única salida debería pasar por escuchar a la ciudadanía de Cataluña y permitir que ésta decida su futuro. Ha habido oportunidades para negociar en ámbitos diversos e incluso para pactar un referéndum que pudiera satisfacer a todas las partes, pero no ha habido voluntad de dar respuesta.

¿El referéndum de la semana que viene será transparente y con garantías tras los últimos movimientos del Ejecutivo y los procesos judiciales?

El Gobierno de la Generalitat ha anunciado que el referéndum será lo más parecido a cualquier otra votación. Esto debe incluir naturalmente la máxima transparencia y garantías.

¿Puede ser una consulta transparente sin una sindicatura electoral? Porque recordemos que se pidió su disolución hace escasos días.

Según parece el Gobierno de la Generalitat prevé que las funciones de la sindicatura electoral puedan asumirse por parte de entidades de observación internacionales.

En los últimos días hemos podido ver distintas (y multitudinarias) manifestaciones en diferentes puntos de Cataluña, la sede del Tribunal Superior de Justicia Catalán, la ocupación del edificio histórico de la Universidad de Barcelona, entre otros. ¿Crees que pueda haber cierto temor a una explosión en las calles según se acerque el 1-O?

Antes las distintas actuaciones de los últimos días la ciudadanía ha respondido con grandes movilizaciones pacíficas y cívicas en distintos puntos. Es de esperar que estas movilizaciones sean más masivas a medida que se lleven a cabo nuevas actuaciones para impedir el 1-O.

Ciutadans, el PSC y el PPC llaman a no participar en la consulta, frente a Junts pel Sí y la CUP, y parte de CSQP que sí. Si eso se cumple, el resultado será favorable a la independencia con una gran diferencia, pero dicho resultado no representará a la ciudadanía catalana en una decisión tan importante. ¿Basta solo esto para decidir la independencia?

El 1-O se ha planteado como un referéndum vinculante desde el inicio. Cada uno debe decidir la postura que toma ante dicha convocatoria e igual de lícitas deben ser las distintas opciones de voto como no acudir a las urnas, si esa es su decisión. Aún así el objetivo debe ser que el mayor número de catalanes ejerza su derecho a voto porque es la única manera de saber lo que piensan de un modo objetivo.

¿Qué te parece la decisión del Ministerio del Interior de crear un órgano de coordinación de todas las fuerzas policiales para garantizar la seguridad en los próximos días o semanas?

Dada la situación, no parece un espacio de coordinación sino de control. Los Mossos de Esquadra tienen unas funciones que les son propias y que deben poder desarrollar con autonomía.

El Ministerio del Interior precisamente ha negado que se trate de una toma de control. Además, los Mossos han declarado que ejercerán su labor como hasta ahora.

Entiendo que los distintos cuerpos de seguridad en Cataluña ya tienen espacios de coordinación como la Junta de Seguridad. Que se articule un nuevo órgano en dicho contexto, en que la prioridad del Gobierno español parece ser únicamente que no se lleve a cabo el referéndum, lleva a pensar que se crea como un mecanismo de control.

¿Cuál es tu valoración respecto a las declaraciones que pudimos escuchar de Mónica Oltra donde pedía, tanto a la Generalitat como al Gobierno central, dar dos pasos hacia atrás y se negocie una solución al conflicto?

En primer lugar, creo que son los representantes políticos catalanes quienes deben opinar sobre la política y la realidad catalana, escogidos por el pueblo catalán y conocedores de la historia y la evolución de los últimos años. En segundo lugar, entiendo que con sus declaraciones quiere expresar que apuesta por una vía dialogada pero creo que el momento de pactar hubiera sido hace tiempo y no con el referéndum convocado y en plena campaña.

¿No se puede aplazar el referéndum del 1-O para lograr una alternativa de mayor consenso y legal, que incluya a la mayoría de la ciudadanía catalana?

Esperar que se anule un acto de radicalidad democrática sin haber ofrecido una alternativa concreta y razonable no debe ser una opción, y menos a estas alturas.

¿Qué propuesta tendría que hacer el Gobierno para que el referéndum que se va a celebrar en 7 días pudiera aplazarse?

Desde mi punto de vista no estamos en este escenario. No se ha ofrecido la posibilidad de negociar nada y ahora lo único que se busca es que no se celebre el referéndum.

Pero llegado el momento, si se diera, ¿qué propuesta crees que sería la más idónea para aplazarlo?

No creo que en estos momentos el Gobierno español ofrezca una alternativa al referèndum. Tampoco creo que el Gobierno catalán esté en condiciones de desconvocar el referéndum porque se trata de una clara demanda ciudadana. En estos momentos la prioridad debe ser hacerlo realidad.

Para concluir, a modo de reflexión y autocrítica, me gustaría que me dijeras una cosa que ha hecho bien el Gobierno de Puigdemont y otra cosa que haya hecho mal.

Lo que ha hecho bien ha sido apostar por el referéndum que es un compromiso electoral y una demanda ciudadana. Como elemento a mejorar, la gestión del debate parlamentario que se produjo el día de la aprobación de la Ley de Transitoriedad.

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