>El pequeño Gabriel nada hacia el cielo. Aquí se debate la Prisión Permanente Revisable.

Una semana más, los que nos dedicamos a contar lo que pasa, nos vemos obligados a dar una de esas noticias que jamás desearíamos dar.

De nuevo, un ser sin corazón ha acabado con la vida de una persona indefensa, con el agravante de que en este caso la víctima es un pobre niño de tan solo 8 años.

En este caso, la pareja del padre decidió, presuntamente – por que una persona que lleva un cadáver en el maletero de su coche es inocente hasta que se demuestre lo contrario –, poner fin a la vida de Gabriel, haciéndolo de una de las peores maneras, la asfixia.

Con todo ello, ha vuelto a salir a la luz, coincidiendo con la reunión que tenía prevista el padre de una de las víctimas más seguidas por la opinión pública, Juan Carlos Quer, con los dirigentes de Unidos Podemos, para pedirles que reconsideren la derogación de la prisión permanente revisable.

El asunto es que este grupo, junto con PSOE y PNV, han llevado a las cortes, que representan la voluntad de todos los españoles, la derogación definitiva de dicha pena.

A pesar de lo que muchos han intentado meter en la cabeza de la gente que esto es una especia de ‘cadena perpetua’, la realidad es que lo que establece esta condena es lo que todos deseamos para los criminales más insensibles y sanguinarios de nuestro país; supone mantener aislado de la sociedad civil a aquellos miembros que acaben con la vida de personas indefensas, niños y a aquellos que lo hagan de manera cruel. Y hacerlo hasta que expertos en la materia comprueben que están completamente arrepentidos y que no constituyen una amenaza para la sociedad.

Esta medida no es el resultado de legislar en caliente, como algunos políticos han querido aparentar. Tampoco es un texto en contra de lo citado en la carta magna por la que regimos las bases de nuestra sociedad. Al contrario, la Constitución española establece la libertad de hombres y mujeres, su derecho a la vida, y a la libre movilidad de éstos. Atacar a la constitución lo supone el andar con miedo, con la incertidumbre de cuando un asesino atacará contra ti o contra algunos de tus seres queridos.

Pero lo más insólito, es que esto lo digan personas que visten y se alimentan gracias al sueldo que les ofrece la confianza de los ciudadanos, aquellos que han depositado en una urna el papel con su nombre, acreditando su confianza en su labor como legisladores.

Planteo, pues, que pregunten a aquellos que les hemos votado si deseamos que nuestros hijos, padres, hermanos, seres queridos al final, puedan ser asesinados de manera cruel, y que el asesino simplemente pase unas vacaciones a gastos pagados de unos 10 años de duración, y que a la salida de la prisión sean libres para volver a realizar una tropelía de similar calibre.

Según reclaman, ellos defienden la opinión del 50% de los españoles – de los votantes en todo caso – y por ello están completamente legitimados. Pero lo que ocurre es que el 80% de los españoles, independientemente de su ideología, han declarado estar en contra de esta derogación. Y más de 3 millones de ciudadanos españoles han ratificado, con su nombre y DNI, la voluntad de aislar a estos peligrosos personajes de nuestras calles.

Con todo esto, solo nos queda ver si al fin, la legislación española continuará protegiéndonos, o si por el contrario permitirá que los peores criminales pululen con naturalidad por nuestras ciudades. Entonces será cuando éstos tengan que salir ante la nube de ‘alcachofas’ a defender la no-defensa de las libertades de los ciudadanos.

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