Durante esta precampaña, que se está percibiendo como un estado duradero en la política española, se empiezan a conocer las primeras propuestas de los partidos. Esta semana ha saltado una de las primeras propuestas para la educación, estudiar la Constitución en las aulas. Ahora que se habla tanto de (anti)constitucionalistas y sus felonías/amor hacia España.
En cuanto se supo las redes ardieron. Que si eso se llamaba Educación para la Ciudadanía, que si lo quito que el PP, que si los políticos deberían también demostrar su sapiencia sobre la norma jurídica suprema. Otros se mostraron a favor, diciendo que puede ser un antídoto contra los populismos. Ningún programa electoral deja indiferente, los naranjas tampoco.
Mientras los profesores de Secundaria reflexionan sobre la correcta implantación de dicha materia, es hora de ponernos en antecedentes. La Educación para la ciudadanía se introdujo en España debido a una recomendación del Consejo de Europa del año 2002. Se buscaba un desarrollo íntegro de la persona, en unos valores democráticos como acicate para una ciudadanía activa. Yo tampoco lo he entendido muy bien, pero esto no fue impedimento para su implantación en el año 2006.
Profundizando mi investigación sobre el contenido, no encaja con nada de lo que me impartieron. Desconozco la razón; quizá por una interpretación psicodélica de mi centro educativo. No me enseñaron nada sobre mis derechos ciudadanos ni sobre sociedades del siglo XXI. También he de decir que todo lo que sé sobre esta parte del conocimiento lo he aprendido lejos del horario de impartición de estas lecciones.
Si bien en matemáticas es indudable que 2+2 son 4 o que las frases se forman de sujeto, verbo y predicado en cualquier libro, con una asignatura sobre sociedad, la ideología de cada cual puede ser una barrera. Hubo objetores de conciencia en relación al contenido, muchos de ellos vieron ratificadas sus pretensiones en sede judicial. Sonará a locura, yo no creo que fuese algo descabellado. Cada colegio recomendó los libros que consideró acordes con el carácter propio o el sentir de la dirección. Situación que indudablemente pudo chocar con convicciones fundamentales de algunas familias. La sociedad plural se llama.
Algunos de nuestros padres, salvando las distancias, llegaron a recordar sus tiempos en los que se impartía Formación del Espíritu Nacional (FEN). Se suponía que los niños aprenderían los pocos derechos que otorgaban las Leyes Fundamentales. Pura propaganda del régimen. Pero, aunque no soy una gran admiradora de la Educación para la Ciudadanía, la cosa no llegó a tanto.
Hay que enseñar a pensar, no cómo pensar.
Los ciudadanos debemos conocer nuestros derechos concretos junto con el conocimiento del funcionamiento de nuestras instituciones. El Derecho Constitucional básico puede ser una buena herramienta. A mí me ha ayudado a pensar, invita a la reflexión constante. Especialmente en estos últimos años.
La Constitución de nuestro país, debido al momento histórico, es una unión de muchos sentires. A derecha y a izquierda del espectro, por tanto, es interpretable. Aun así, pienso que para evitarse problemas habrá que ceñirse a trabajos de autores académicos que huyan de la opinión. Esto obligará a buscar docentes que sepan explicarlo correctamente a adolescentes, no puede convertirse en algo que acabe reducido al más alto de los ridículos. Sin olvidar los tratados sobre derechos ratificados por España ni la pertenencia a la UE.
A falta de que se perfile mejor, apuesto por que los estudiantes vayan más allá. Se debería implantar una asignatura sobre derechos laborales, pagarés, cheques o lo que supone una cláusula suelo entre otras. Algo muy útil en el día a día de cualquiera.
Los ciudadanos más libres son los que más saben, no cerremos una buena educación en derechos. Así sabremos qué nos pueden quitar y cómo evitarlo.
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