Desde 1978 hasta su muerte, el pensador político español, Antonio García-Trevijano, no se cansó de afirmar que “en España nunca había habido democracia”. Debido -en su opinión- a que el texto constitucional vigente y la normativa que lo desarrolla no han garantizado dos principios básicos de cualquier país democrático. En primer lugar, un mecanismo de representación real de la voluntad de la ciudadanía y, en segundo lugar, un sistema efectivo de contrapoderes.
Entendiendo la democracia en su forma instrumental, probablemente sea un poco exagerado negar categóricamente que el nuestro sea democrático. Diferente es, en todo caso, el grado de desarrollo del instrumento democrático, es decir, el modelo de canalización de voluntades que cada Estado se dote.
No obstante, esto no quita que la situación sea, si no urgente, al menos lo suficientemente crítica. De hecho, el evidente debilitamiento de ambos principios pueden afectar negativamente al paradigma democrático en que vivimos. Si los ciudadanos no respetamos nuestra democracia, volveremos a ser súbditos. Y, degeneración tras degeneración vamos camino de ello.
¡Elecciones! Otra vez…
Tras la ronda de consultas fallida de los líderes de los grupos parlamentarios con el Rey, nos dirigimos inevitablemente a unas nuevas elecciones. Esta nueva convocatoria supone el cuestionamiento -por segunda vez en cuatro años- de la voluntad general, por parte de la clase dirigente. Una situación que sigue agrandando el abismo entre representantes y representados.
Es un hecho, que esta crisis de representación no viene de ahora. Tiene su origen en la ley electoral, que nos erige en un sistema parlamentario de partidos, y en el desinterés por parte de algunas personas por explicar en qué consiste el sistema parlamentario. Aunque parezca mentira, la idea de que cuanto votamos en las elecciones generales elegimos al candidato principal, sigue existiendo en la conciencia colectiva tras cuarenta años de democracia y, lo que es peor, ha sido alimentada por los partidos políticos y sus líderes.
Ir a nuevas elecciones, en teoría, no debería menoscabar la percepción de la democracia de un Estado por parte de sus ciudadanos. A no ser que esta repetición electoral responda a intereses personales y de partido. Se aventura una importante abstención, que lejos de beneficiar a uno u otro bloque va a deslegitimar, aún más, al modelo en su conjunto.
Un modelo que no se sostiene
Otros de los dos elementos fundamentales con que debe contar cualquier mecanismo democrático es un separación de poderes efectiva. España, junto a muchos de los países de su entorno, tiene un serio problema estructural debido al sistema político sobre el que se asienta desde 1978.
Según este sistema, nuestra monarquía parlamentaria funde el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Esto impide un control de este último sobre aquel, cuya persistencia en el tiempo no ayuda a aminorar la crisis política en la que vivimos instalados.
Por su fuera poco, la percepción de falta de independencia de los jueces frente al poder político crece, según el último Eurobarómetro. Y esta percepción se confirmó cuando descubrimos, hace ya casi un año, el reparto entre algunos partidos políticos de los vocales del CGPJ y un supuesto futuro control del Tribunal Supremo, a través de un mensaje de WhatsApp de Ignacio Cosidó, entonces senador del PP. Y esta situación no tiene excusas ninguna.
A esto hay sumarle el último de los episodios más tristes de nuestra democracia, cuando el PSOE ofrecía públicamente entregar a Unidas Podemos, instituciones que deben ser supuestamente independientes, tales como la CNMC, el CIS y la CNMV… a cambio del apoyo político para la investidura de Sánchez.
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