Desilusión constitucional

El próximo diciembre habrán pasado ya 43 años desde que se aprobase la Constitución Española. Un texto que nació con firmeza y con aires de depurar un país todavía adormilado. Un país plural que se unió para crear esa ilusión democrática pasando desde el ya centenario Partido Comunista hasta la antigua Alianza Popular. Sin embargo, estamos malacostumbrados a que la política juegue con la Carta Magna consiguiendo únicamente una importante desilusión y desprestigio.

La politización de la justicia

Esta semana se aprobó la renovación de cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Cargos básicos en el funcionamiento de nuestro Estado constitucional que llevaban dos años bloqueados por el desacuerdo político entre PP y PSOE. No me sorprende que aparezca desencanto y pérdida de confianza en las instituciones si los representantes políticos no son capaces de renovarlas cuando es debido por la búsqueda incansable de los beneficios electoralistas.

Enrique Arnaldo es una de las personas que ha recibido la confianza de las Cortes y del Tribunal para desempeñar este cargo. Un personaje que ha sido fuertemente ligado con gobiernos populares, lo que dificulta notablemente su deber de imparcialidad. El Congreso ha sido aquí irresponsable deontológicamente hablando en un tema de máxima relevancia democrática. Se consuma así un nuevo disparo al prestigio del Tribunal Constitucional, pero este caso realmente no es algo nuevo ya que, sin ir más lejos, actualmente la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, fue ministra de Justicia en el anterior gobierno del PSOE. Es hora de que se deje de jugar con las instituciones a base de dedazos y de que los partidos cumplan con su compromiso de elegir candidatos imparciales para una despolitización real de la justicia.

 

La Constitución como algo intocable

Cabe recordar que las únicas dos veces que se ha modificado el texto, ha sido porque Europa nos obligó. La primera para reconocer el derecho de sufragio pasivo a los ciudadanos comunitarios en las elecciones locales. Y la segunda para cumplir los límites de deuda pública y déficit que establezcan las autoridades europeas.

Sin embargo, parece claro que cualquier idea de reforma del texto más allá de las impuestas, sería inviable políticamente y acabaría en la papelera del Congreso, para mí, inexplicablemente. Porque, aunque el CIS publicó un estudio en 2018 en el que una gran mayoría de la ciudadanía española estaría a favor de una reforma de la Carta Magna, y en su mayoría, que el cambio sea de gran calado, viendo el actual panorama político, parece realmente imposible que se debata algo de esta relevancia.

Nos queda entonces una sensación en la que la Constitución adquiere una personalidad propia. Como si no se pudiese juzgar por nadie, ni siquiera por sus soberanos. Es obvio que deben existir unas mayorías para que la Constitución no pase a ser la ley educativa de turno que cambia cada cuatro años. Pero si queda demostrado que una mayoría de la población española estaría dispuesta a una reforma, y las Cortes representan al pueblo, no entiendo como ni se concibe esta discusión.


En conclusión, el descrédito que sufren ya las instituciones parece crónico. Somos uno de los países de la Unión Europea que menos independiente ve a su sistema judicial. Las interferencias de los políticos y los gobiernos nos hacen desconfiar. Con lo cual, toda esta polémica por la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional, ha de mirarse con perspectiva. Realmente es una piedra más en un proceso de falta de rigor al sistema que lamentablemente ya viene de lejos.