Al hacer el ejercicio de pensar en una persona inmigrante que recién llega a España, lo común hoy en día es pensar en el varón africano que arriba en patera o cayuco. Y no es culpa de nuestro subconsciente —claro está— que sea esa la imagen que se nos viene a la cabeza, pues a eso mismo se nos ha instruido; aun cuando la inmigración latinoamericana triplicó a la africana durante el último año.
Cierto es que llegado el momento podríamos considerar que la inmigración irregular es un problema. Humanitario. Especialmente cuando conocemos los numerosos fallecimientos que se producen a consecuencia de la precariedad de las embarcaciones y las malas condiciones en las que los inmigrantes llegan a la costa. No obstante, los datos no terminan de concordar con la preocupación social que se vive en la actualidad con este tipo de inmigración irregular. Y no solamente hago referencia a los argumentos falaces que hablan de «invasión», sino también a los usados por el Gobierno de España y cualquiera de sus adeptos.
Situación de emergencia
Habiendo vivido situaciones como las del pasado mes de noviembre en el puerto de Arguineguín, sur de Gran Canaria, cuando llegaron hasta 1 347 inmigrantes en tan solo un fin de semana, lo normal es que uno comience a plantearse según que cosas. La primera: ¿por qué el Gobierno mantuvo a tantas personas hacinadas en un puerto? O, una vez subsanado este problema, cuando los inmigrantes fueron internados en distintos complejos turísticos, ¿por qué no fueron trasladados a la península? Una de mis teorías —sin ánimos de soberbia— es la de que el Gobierno necesitaba crear esa situación de emergencia, de alerta; que dio pie igualmente a que fuera mal utilizada por otros sectores del Congreso.
Puede que ahora usted se pregunte que por qué iba a querer el Gobierno crear una situación de alerta cuando eso podría perjudicarle. Digamos que la respuesta se halla en la justificación de distintas acciones. El crear una situación de emergencia, digamos artificial, como bien se puede crear al mantener a miles de inmigrantes recién llegados en zonas muy limitadas de las Islas Canarias, hace que el groso de la población acepte cosas a priori inaceptables. Es poder tener un justificante para pasar distintas líneas rojas. ¿Cómo justificar, si no, el retener a miles de personas durante más de 72h, desafiando a la ley? O el no permitir a un solicitante de asilo la libertad de movimiento en territorio nacional, cuando la ley le ampara. Cuestiones que se justifican a causa del estado de emergencia.
Más aviones que pateras
El concepto de inmigrante irregular que hemos obtenido los españoles a consecuencia de estos últimos movimientos migratorios se aleja de la realidad. Lo común poco tiene que ver con la situación de la patera, el cayuco o el salto a la valla: el principal punto de entrada de inmigración irregular de nuestro país es el Aeropuerto de Madrid-Barajas. Miles de personas entran en nuestro país por cauces legales. Es decir, como turistas. Una vez caducado su permiso de visita se quedan en territorio nacional a conciencia. Un ejercicio, llamado irregularidad sobrevenida, comúnmente utilizado por colombianos, venezolanos, peruanos y otros residentes de países latinoamericanos.
Estaremos de acuerdo en que llama más la atención la patera que el avión. Sin embargo, con el avión cae el argumentario de «poner puertas al mar». Un argumentario de poco peso, además: la política migratoria actual ya está establecida para evitar que los inmigrantes vengan. El mensaje es claro: si lo intentan, arriesgarán su vida. Se endeudarán. Serán encarcelados en centros de internamiento. Y si consiguen salir del centro, se verán inmersos en un agujero social durante cinco o seis años hasta que consigan la nacionalidad. No son delincuentes, pues. Ni aquel que aterriza ni aquel que desembarca. Pero son tratados como tal, algunos más que otros, creando inmigrantes de primera y otros de segunda. Concentrando el discurso xenófobo en aquel que menos conocemos. Pues qué es la xenofobia si no un gran desconocimiento. Si no la ignorancia.
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