«La mejor justicia no es la mejor política» – Abraham Lincoln

El Consejo General del Poder Judicial ha estado en el punto de mira estos últimos días debido a la propuesta de ley que ha realizado el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. La propuesta de ley – totalmente opuesta a un proyecto de ley – supone modificar todo el sistema mixto en el nombramiento o elección de los vocales que componen la mesa del órgano de gobierno o más conocido como el Consejo General del Poder Judicial. La reforma emitida por Sánchez formulaba un cambio en la elección de vocales pasando en la votación de los candidatos de una mayoría cualificada de 3/5 partes a condición de una mayoría absoluta en la decisión de los miembros del órgano.

La modificación de la ley actual de nombramientos del órgano judicial ha recibido duras
críticas por diversas entidades como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)
y su portavoz, Manuel Almenar, quiénes justifican que la propuesta de Sánchez es
“abiertamente inconstitucional”, además de que este año el Grupo de Estados contra la
Corrupción (GRECO) advertía de la falta de independencia en España, un problema con
bastantes altibajos que no conseguía resolución alguna. Sin embargo, ha sido Celso
Rodríguez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), quién ha
avisado de su gravedad apoyado en la sentencia 108/ 1986 del Tribunal Constitucional.

La reforma no solo ha afectado al ámbito jurídico en España, sino que también a partidos
políticos como Ciudadanos en donde la militante del partido, Inés Arrimadas ha
declarado explícitamente que las ordenes de partido para las votaciones en el congreso
y Senado son inconstitucionales. Y así añadía la necesidad de una separación de
poderes real.

Por su parte la jurista afiliada al PSOE, Carmen Calvo, ha defendido su
postura cuestionando si la reforma ya ha modificado las propias Cortes o la Constitución.
No obstante, Pablo Casado, el líder del PP, ha agregado su intención de presentar en
rueda de prensa una proposición de ley para “lograr reforzar la independencia judicial”.
La independencia del poder judicial está en juego y son muchos los que intentan recurrir
por medio de todos sus recursos para evitar politizar más el ámbito jurídico español, sin
embargo, el pacto producido entre el partido socialista y el partido de Pablo Iglesias no
ha concluido, pues la reforma intenta llegar hasta la Cumbre de Bruselas a pesar de la
negativa que ofrece en primera impresión, la Comisión Europea (CE) de Von der Leyen.

 

¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial?
¿Por qué interesa tanto esta institución a los partidos políticos?

El Consejo General del Poder Judicial ha sido un órgano muy polémico desde su
construcción en el año 1985, sin embargo, es difícil comprender su historia y trayectoria,
pero la pregunta clave en este epicentro de la cuestión es la siguiente: ¿por qué interesa
tanto el Consejo General del Poder Judicial a los partidos políticos? Desde la
Constitución Española de 1985, el establecimiento de un órgano judicial que suponga la
independencia de los jueces era fundamental para garantizar que el poder legal se
concentrase en la figura de los magistrados jurídicos. De esta forma, el Consejo no tiene
capacidad para juzgar, pero sí adquiere capacidad para designar el nombramiento de
los magistrados, sobre todo, de Tribunales Superiores y del esencial Tribunal Supremo.
Por tanto, el secreto de la politización del CGPJ no es la clave en sus funciones sino en
el designamiento de las sillas que componen la institución, es decir, ¿quién compone el
CGPJ?

El sistema mixto formulaba la votación de candidatos de ambas cámaras –
Senado y Congreso – con una mayoría cualificada de 3/5 en los postulantes respectivos
grupos parlamentarios. Pero, el pacto llegado por el Gobierno apostaba por una mayoría
absoluta, esto significa una reducción con claras ventajas para el que lo solicita, pues
en el caso del PSOE, al necesitar 200 diputados para esa mayoría anterior, se reduciría
la cifra en el caso de que entrase en vigor la reforma exprés solicitada por el socialista.

Ahí esta el fin de la reforma. El deseo de cambiar las reglas del juego. Y no solo, el mero
hecho de cambiarlas sino de cambiarlas con otro objetivo aún peor: hacerlo para
garantizar la influencia de tu partido en el Consejo. De esta forma, no se crea una justicia
independiente al crear una justicia dependiente, esto es, el secreto que se oculta tras la
reforma. La modificación de los vocales no sigue objetivo alguno que introducir en esas
sillas integrantes afines al partido político que en todo caso decidirán los cargos más
importantes de las instituciones jurídicas. Lo que significa la entrada del poder ejecutivo
en el poder judicial. La separación de poderes de la que habla Arrimadas es un hecho,
pues la independencia de ambas es la garantía de una democracia, pero sobre todo del
Derecho del bienestar. La consecuencia de permitir que esta modificación salga
resolutiva será ya el reflejo de una justicia nacional más dependiente que independiente.

 

No a la politización del CGPJ
La mejor justicia no es la mejor política – Abraham Lincoln

Ya lo dijo Montesquieu. Legislativo, ejecutivo y judicial. Los tres principales poderes
protagonistas en toda democracia moderna y, por consiguiente, poderes independientes
que se basan en el principio fundamental siguiente de “todo el poder reside en el pueblo”.
La libertad de expresión se perjudica al permitir un control del poder judicial y en su
independencia, la imagen de politización jurídica es un arma que nadie veía venir pues
quién iba a ser capaz en plena democracia de utilizar sus máximos recursos para paliar
un sistema que no es el mejor, pero sin duda es el mejor de los que existe en cuánto a
libertad y eficacia. El Estado de derecho está en peligro y la inconstitucionalidad de la
modificación se realiza en base al artículo 122.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El periodista Enric González, lo definía muy bien: “Hay buenos jueces, jueces mediocres
y algún juez muy malo. Pero cuanto más manoseados son por los partidos, cuanto más
necesitan a los políticos para desarrollar su carrera, más se degrada su trabajo”. La
perspectiva sobre el Consejo General del Poder Judicial nunca ha recibido críticas
positivas en cuánto a su gestión ni en cuánto a sus funciones, pues el órgano
institucional se contempla desde fuera como la clave del juego: quién controle el poder
judicial, controlará todo. No debemos deslegitimar el fin de las instituciones sino el mal uso que se
lleva a cabo con estas. Deberíamos pararnos a reflexionar, pues tal y como dijo Lincoln,
“la mejor justicia no será la mejor política”. Ni esta es la mejor política ni su mejor justicia.