El colectivo trans es maltratado en todo el mundo, siendo asesinados 1700 entre los años 2008 y 2014. Hay una noticia más reciente pero igual de escalofriante, el asesinato en Puerto España (Trinidad y Tobago) de Sasha Alister Patterson. Ella era una notoria activista que pretendía instaurar programas de prevención contra el VIH. No es el único, el pasado mes de septiembre se registró otro brutal asesinato de una chica trans de 17 años en EEUU, siendo la víctima mortal número 21 de la transfobia en dicho país.

Aquí, tampoco es que vayan las cosas mucho mejor. Hace 26 años se produjo la muerte de Sonia Rescalvo Zafra, siendo denominado “el primer crimen de una persona transexual por el mero de hecho de serlo del que se tiene información y constancia en España”. Uno de los delitos de odio con resultado fatal de la década de los 90 junto con el de Aitor Zabaleta. Volviendo a lo más reciente, en el año 2015, Alan se suicidó en Cataluña a los 17 años tras mucho tiempo de bullying transfobo. Su madre calificó el hecho como un asesinato social. Este año, como (dudosa) respuesta a una campaña del colectivo Chrysallis, apareció el llamado “bus de la libertad” contrario a los niños transexuales que provocó el salto a la palestra de Hazte Oír. Sin contar con las agresiones físicas o psicológicas que no ocupan espacio y de las que no se tiene constancia.

Estos últimos días hemos visto gestos en televisión, más concretamente en OT, a favor de este colectivo. Una concursante, Marina, besaba apasionadamente a su novio, que es una persona trans. Esta contaba alegremente que su cuñado también es trans. Días antes, Javier Ambrossi llevaba una camiseta con el lema “Protect Trans Kids”, de gran significado ante los acontecimientos de este año.

Algunos pensarán que no hay ningún problema, que hay pastillas y tratamientos quirúrgicos para estas personas. O que ya se pueden cambiar la documentación con respecto a su identidad. Que no pidan tanto, que ya tienen lo que necesitan. Que son una cosa u otra según sus genitales, no entienden la razón de esto. Que si son muy jóvenes o muy mayores para sentirse de una forma u otra. Que son enfermos psiquiátricos. Denotan una gran falta de empatía mezclada con dosis incalculables de ignorancia.

Sí, es cierto que con la Ley 3/2007, se avanzó mucho en el campo de las gestiones registrales. Aun así, los interesados y sus familias comenzaban una gran odisea para conseguir los documentos en acorde a su sexo. La de los registros es una competencia estatal, por tanto, no cabía en este sentido regulación autonómica. Para comenzar el procedimiento, se podía acreditar, a través de dictamen médico, el diagnóstico de disforia de género o bien, haber estado durante dos años con tratamiento médico para acomodar las características físicas al sexo sentido. También necesitaba informe médico. En el caso de tratamiento quirúrgico, previa muestra de certificación, no necesitaba demostrar lo relatado anteriormente.

Con el paso de los años, este colectivo ha enfatizado en lo denominado como “despatologización trans” que busca que la OMS y Asociación Psiquiátrica Americana retiren la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. Huelga decir que al mismo tiempo se han alzado voces contra la necesidad de diagnóstico de disforia de género, sin el cual no pueden iniciar tratamientos de reasignación. Ha aumentado la atención sobre la infancia transexual, instando dotarles de la posibilidad de obtener tratamientos y documentación en acorde a su situación. Por supuesto, había que mejorar el trato para con los extranjeros transexuales, otra situación de gran alcance social. En resumen, había que reformar la Ley 3/2007 para adaptarla al devenir de los tiempos y las demandas de la sociedad.

Las Comunidades autónomas, dentro de sus competencias, no han sido ajenas a la realidad del colectivo trans. Han ido adoptando protocolos de aplicación en diversos campos, como la educación o la atención sanitaria. La primera fue Navarra, en el año 2009, ha servido de modelo para la aprobada este año 2017. Se legisla por el respeto a la indumentaria, el uso del servicio o el trato según su nombre y sexo sentido. Dentro del ámbito sanitario, se les permite el acceso temprano a tratamientos de reasignación. Esta legislación no ha estado libre de polémica, llegando a haber profesionales en contra de acatar la ley. Parece que las CCAA han sido más rápidas con respecto a la despatologización trans que el Gobierno Central.

Esta proposición de ley contó en su registro con la asistencia de Carla Antonelli, conocida activista transexual y diputada de la Asamblea de Madrid por el partido socialista. Rodeada por los medios de comunicación se produjo el registro de esta reforma.  Estábamos muchas personas expectantes, era un gran avance.

Los principales cambios, desde el artículo 1, que permite solicitar a cualquier nacional español capaz la rectificación de la mención registral del sexo. Las mayores de 16 lo pueden pedir por si solas, mientras que los menores e incapacitados legalmente necesitan la asistencia de representantes legales una vez otorgado el consentimiento de los representados. En caso de negativa por parte de los representantes legales, uno o ambos progenitores, los menores solicitan al juez a través del Ministerio Fiscal la apertura del pertinente procedimiento. Si se rectifica el sexo, provoca el cambio del nombre.

Ya no se exigen en el artículo 4 el diagnóstico de disforia de género o la prueba de tratamiento para modificar el cuerpo. Basta con hacer llegar la declaración expresa del sexo y nombre con el que se identifica al Registro, debe acreditarse dicha voluntad de cambio, los datos a rectificar y el número de DNI. Queda prohibido proceder a la rectificación registral condicionando esto a cirugía, tratamiento psiquiátrico, psicológico, hormonal o médico.

Con respecto a las personas extranjeras, con un nuevo artículo 8, no pide el requisito de nacionalidad española pero sí el de residencia legal en España. Rige las situaciones en las que estas personas corren peligro en sus países por su condición o no tienen permitido modificaciones registrales. Podrán extenderse estos cambios a la tarjeta de residencia y permiso de trabajo.

Se intenta avanzar hacia una mejora de este colectivo tan vulnerable y discriminado. Sí, la legislación les reconoce plenos derechos. Creo que de poco sirve conseguir documentación adaptada al sexo sentido cuando hay muchos sectores profundamente intolerantes. Hay que buscar una educación inclusiva, que sensibilice a todos sobre la identidad y expresión de género. Por la diversidad, para el futuro. No podemos cruzar los brazos ante este hecho. En nuestra mano esta acabar con las barreras a las que se tienen que enfrentar. Tristemente, los insultos que recibió Carla Antonelli en redes sociales no son la única muestra de transfobia. El hecho de que algo no sea notorio no quiere decir que no ocurra.

 

 

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