Punto de Fuga

Después del descanso estival, ya estamos de vuelta. Arranca un curso que no ha podido comenzar de una forma más turbulenta. El bochornoso espectáculo al que hemos asistido la semana pasada en el Parlament de Cataluña ha provocado un terremoto en todo el panorama nacional. El desafío que representa el referéndum ilegal del próximo uno de octubre obliga a los diferentes actores a pensar más allá de esta fecha para buscar una solución a un problema que ya lleva muchos años sin ser abordado: las relaciones entre Cataluña y el Estado.

El exministro Margallo, personaje con quien no suelo coincidir demasiado en sus opiniones políticas, manifestaba hace el sábado en una entrevista que “hay que ir pensando en hacer una oferta a la sociedad catalana”. Esta frase, y el resto del contenido que nos dejaba en declaraciones a laSexta ponía sobre la mesa un mensaje subliminal muy claro: El referéndum de independencia y su posterior declaración de independencia unilateral son ilegales y antidemocráticas, pero el problema no se soluciona únicamente con una prohibición tajante del mismo sino con la búsqueda de un nuevo marco que permita encajar a las diferentes sensibilidades en un acuerdo satisfactorio para todos.

España presenta un panorama “nacionalista” muy diverso fruto del origen del propio país, y como dice el refrán, “de aquellos barros, estos lodos”. Si a la diversidad cultural de España se le suma la convulsa historia del País, que a menudo ha solventado -a excepción de la reciente etapa democrática y del periodo de la II República- cualquier manifestación regionalista y nacionalista únicamente con represión, la situación actual es un auténtico caldo de cultivo para posiciones demagógicas y extremismos. A esto se suma el inmovilismo de un Gobierno Central y de un Presidente del Gobierno incapaces para la gestión de cualquier asunto mínimamente complejo. Por todo ello, e independientemente de las medidas a adoptar para evitar el referéndum del 1-O, la solución a largo plazo pasa por definir claramente el modelo territorial español.

Desde mi punto de vista, durante la reciente etapa democrática se ha cometido un error planteando un sistema autonómico simétrico entre todas las Comunidades cuando las necesidades de unas y otras son claramente distintas. Así, resulta un error plantear un sistema de financiación similar entre autonomías tan distintas como Cataluña -con una capacidad de autofinanciación completa- o Andalucía y Extremadura -quienes sostienen su sistema, servicios públicos y nivel de vida gracias a la financiación procedente de comunidades mucho más ricas-. A esto hay que añadir dos agravios comparativos: El primero es que las comunidades del norte han promovido un sistema económico y social mucho menos subsidiado con sus ciudadanos -hecho que se manifiesta en aspectos como que la gran mayoría de autopistas de peaje se sitúen en el norte de España, el precio de las Universidades Públicas sea superior, o las tarifas del transporte público sean también mayores- frente a la “ayuda pública para todo” que impera en el sur de España. El segundo agravio se manifiesta en el hecho de que las dos comunidades autónomas que en España presentan un sistema de financiación totalmente independiente -y a mi juicio, justo- han desarrollado un modelo propio completamente federal en todos los aspectos: me estoy refiriendo a Euskadi y Navarra y su sistema de financiación mediante el sistema de Concierto.

Teniendo en cuenta esta situación, hay que recordar además que la deriva soberanista catalana se produjo a partir de 2012, tras la negativa de Rajoy a Mas para negociar el establecimiento de un sistema de concierto para Cataluña. En mi opinión, gran parte del problema catalán basado en el discurso de “Espanya ens roba” no es sino una construcción basada en un sistema de financiación injusto para con aquellas comunidades que más han aportado a España durante la Democracia, y que después de cuarenta años de solidaridad interregional piden ahora un mejor reparto y una mayor gestión de sus recursos. Y no les falta razón. Esto se corrobora también en el ejemplo de cómo nadie en el PNV está pensando en pedir ahora mismo un referéndum para Euskadi.

Más allá del uno de octubre, tras el cual probablemente la situación desembocará en unas elecciones autonómicas anticipadas y en un más que probable gobierno entre  ERC y EnComú, debe abrirse una vía de diálogo y negociación entre el Gobierno Central y la nueva Generalitat para cerrar este problema abordando su verdadera causa, el cierre del modelo autonómico hacia la convergencia a un modelo federal mediante la reforma del sistema de financiación y el análisis de las posibles competencias pendientes de transferir. Solo así se logrará encontrar una solución favorable para todas las partes. La pregunta es si realmente estas partes están capacitadas para poner este “proceso” en marcha.

Graduado en Derecho y ADE por la Universidad de Zaragoza, ha cursado el Máster en European & International Business Management en la Universidad de Deusto. Actualmente trabaja como Auditor en la firma Deloitte y coordina el espacio de Radio Zaragoza-Cadena SER “Tertulia de Jóvenes” (#jóvenesenlaSER)

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