Reforme usted mañana

Hoy doce de octubre, día nacional, me propongo estudiar uno de los grandes retos existentes en España que es la reforma que desde hace muchísimos años demanda el Estado, y más específicamente, el sistema de empleo público, sumido en una suerte de despropósitos desde que ya Larra hace doscientos años escribiera su famoso “Vuelva usted mañana”. A pesar de que existe una opinión generalizada del mal funcionamiento existente en numerosas oficinas de la Administración Pública ningún Gobierno ha sido capaz de proponer una reforma en profundidad que aborde los principales problemas que presenta, principalmente por su elevado coste político. En el presente artículo, un servidor plantea analizar los principales “disparates” existentes en el Estado proponiendo una solución para los mismos.

En primer lugar, resulta inadmisible el restringido horario del que, como norma general, los españoles disponen para tratar con sus administraciones. En un país donde los horarios laborales tienden a abarcar mañana y tarde de forma completa, las “ventanillas del Estado” nos atienden con un flexible horario estándar de 9 a 14h. Ni aunque madrugue, ni aunque trabaje usted solo por la mañana, será capaz de poder realizar un trámite con la administración sin tener que solicitar permiso en el trabajo para ausentarse del mismo con el fin de realizar dichas gestiones. ¿Es que acaso España solo abre de nueve a dos? Claramente no. Entonces, ¿por qué permitimos que estos sujetos privilegiados que le atienden en la ventanilla solo lo hagan cinco o seis horas al día? Sin duda, el primer problema a abordar es obligar a las Administraciones a ofrecer un horario de mañana y tardes, aunque a sus queridos trabajadores les implique asumir una jornada laboral partida de ocho horas como el resto de trabajadores españoles.

En segundo lugar, uno de los grandes problemas que ha afectado a la gestión del personal público ha sido la nula flexibilidad existente en la gestión de los recursos humanos de la Administración Pública. Dicho en otros términos menos eufemísticos, la imposibilidad de trasladar funcionarios con plaza en propiedad de forma forzosa entre distintas plazas que requieran personal desde otras donde sobre el mismo, o incluso la posibilidad de despedir empleados públicos con plaza en propiedad cuando la situación lo requiere. Como consecuencia de ello, los ajustes salariales se producen sobre el total de la masa de funcionarios, congelando o incluso reduciendo sus sueldos en lugar de analizar qué unidades de personal requieren asumir los recortes de personal. Un ejemplo claro es el caso de los celadores y médicos especialistas. En nuestro sistema sanitario existe una clara carencia de médicos especialistas en muchos centros. Sin embargo, existe un claro exceso de celadores en la mayoría de los hospitales públicos, estando habitualmente estos fuertemente protegidos por los sindicatos de su cuerpo. Una gestión racional del personal público exigiría el despido de un número considerable de celadores liberando presupuesto público para la contratación de personal médico especializado. Sin embargo, como la Ley reconoce el derecho a los funcionarios con plaza en propiedad a no ser despedidos, estos celadores sobrantes nunca serán despedidos y la limitación en los presupuestos públicos impedirán contratar personal en las áreas que realmente lo requieren.

Por último, el tercer y gran problema radica en los sistemas de selección de personal público. El sistema de concurso-oposición presenta unas características más propias de una “aberración administrativa” que de un proceso eficaz de selección de personal. La convocatoria de oposiciones viene en forma de procesos administrativos sujetos a las impugnaciones caprichosas de cualquier interesado al que no benefician sus condiciones, lo que conlleva su retraso durante años con el consiguiente perjuicio para la buena gestión de las necesidades de personal dentro del Estado. Por si fuera poco, los temarios existentes en la mayoría de oposiciones representan un verdadero sinsentido, exigiendo en la mayoría de los casos multitud de temarios innecesarios e inútiles para el buen desempeño del puesto al que se oposita. Por el contrario, estos procesos olvidan exigir a sus candidatos la mayoría de buenas cualidades no académicas que se exigirían a cualquier trabajador competente buscando una falsa objetividad que no existe.

En conclusión, este país requeriría de un Gobierno que asumiese con valentía la reforma que requiere la Administración Pública. Mientras tanto, seguiremos teniendo en la España del siglo XXI un Estado del siglo XIX.

 

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