Hace unas semanas se aprobó en el Congreso de los Diputados la reforma de la ley que permite elegir al Presidente de Radiotelevisión española de nuevo por consenso de la mayoría reforzada del Parlamento. Se deroga así la reforma que operó el Partido Popular al poco de llegar al Gobierno para poder colocar al frente de la Corporación Pública a un “palmero” que impusiera los intereses del Partido por encima de cualquier clase de servicio público. Como consecuencia de esto, durante los cinco últimos años hemos estado sufriendo una radiotelevisión pública bochornosa con unos servicios informativos fuertemente manipulados.
El trabajo que durante años se hizo para dotar de credibilidad y prestigio a RTVE desapareció en pocos meses. Durante estos años, RTVE ha quedado relegada a una posición marginal en el panorama mediático español. Sus informativos pasaron de ser un referente y líderes de audiencia a ser superados por la cadena reina de la telebasura y el espectáculo, Telecinco, y Radio Nacional, que vivía un proceso de recuperación de calidad y oyentes perdidos tras los nefastos años de los Gobiernos de Aznar, ha vuelto al lugar residual que ocupaba frente a las grandes emisoras -La SER, la COPE y Onda Cero-.
Paralelamente, en los últimos meses hemos asistido al proceso de recuperación de las dos televisiones autonómicas que habían liderado el ranking de manipulación: Telemadrid y Canal Nou. La pública valenciana retomará sus emisiones bajo el nombre de “À Punt” en unos meses tras el cierre efectuado por la última Generalitat del PP. Respecto a Telemadrid, tras la degradación sufrida durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre, cuando la cadena pasó a ser poco más que su gabinete de prensa, la nueva dirección nombrada por consenso en la Asamblea de Madrid ha recuperado la cadena como referente informativo incorporando nuevos rostros reconocidos en el medio, una programación de servicio público y una gestión independiente de la empresa. Sin embargo, no todo son buenas noticias en lo que a los medios públicos se refiere siendo notorios los casos de manipulación existentes en la catalana TV3, en la Televisión de Murcia o en Canal Sur de Andalucía.
Comparando la situación de nuestro país con la que se da en democracias modélicas como Reino Unido o Francia, la gestión de nuestras radiotelevisiones públicas resulta todavía más llamativa. Nadie imaginaría en sus respectivos países a la BBC o a France Télévisions siendo objeto de la manipulación más burda por parte de sus Gobiernos. Si queremos parecernos a estos países, el tratamiento de los medios públicos debe ser también un punto a mejorar.
España se ha caracterizado, en gran medida debido a su inexperiencia democrática tras los cuarenta años de Dictadura, por considerar a los medios públicos propiedad del Estado y las Comunidades Autónomas como propiedad del Gobierno, y Partido, que en ese momento estaba en el poder. Esta situación más propia de países tercermundistas que de las democracias más desarrolladas mina también nuestra credibilidad como país. Y es que el considerado como “cuarto poder” requiere también de unos medios públicos independientes y plurales que cumplan con su vocación de servicio a todos los ciudadanos. En un país donde la televisión privada configura su parrilla prácticamente dedicando en exclusiva la misma al entretenimiento más vulgar, la necesidad de una radiotelevisión pública fuerte y de calidad que informe y divulgue contenidos de servicio público se hace más necesario que nunca. Ahora solo falta que la reforma operada en RTVE muestre resultados visibles en el menor tiempo posible. La televisión pública es de todos.
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