Una tasa de desempleo del 11,4% (432 millones de personas), un paro juvenil del 27,4% (78 millones de personas). El 19% de la población catalana vive por debajo del umbral de la pobreza, y solo se destina el 0,9% del PIB a políticas de infancia y familia. Estos son datos oficiales de la Generalitat de Cataluña, a través de su Instituto de Estadística, el Idescat.

Con todos estos números llegaba al sillón presidencial hace poco más de 100 días Joaquim Torra Pla, Quim para los amigos. Pero el caso es que a día de hoy es 0 el número de iniciativas legislativas que ha llevado a cabo su gobierno, y 0 son las medidas que se han debatido en el pleno autonómico.

Y desgraciadamente, esta es la situación de los ciudadanos en Cataluña. Y es que tienen que ver como sus dirigentes sirven únicamente las voluntades de 2.079.340 ciudadanos. Mientras que los otros 5 millones ven como tienen que sufrir escarnios y actos de barbarie en sus ciudades.

Ellos, continúan defendiendo que responden a la mayoría de los catalanes, pero si vemos los datos no es realmente así. La población total de Cataluña a principios de año era de 7.504.008 ciudadanos, y si sumamos los votos obtenidos por los partidos secesionistas ascienden a un total de 2.079.340 votos, lo cual no supone ni si quiera el 50% de los ciudadanos.

Este descabezamiento lleva al gobierno autonómico a situaciones supremacistas llegando a amenazar al estado con grandes ataques, o amenazando a los que eliminan de la vía publica símbolos independentistas con multas de 30.000 euros. Lo último, una comparecencia publica del Presidente autonómico afirmando que tomarán las calles hasta conseguir la república que ansían.

Lo que se hace aún mas sorprendente es que ellos continuan alarmando a la sociedad con ”presos políticos” -yo prefiero decir delincuentes encarcelados-, pero la realidad es que son ellos los que tienen las competencias en materia de prisiones en Cataluña, y por tanto son ellos los que tienen la potestad de liberarlos. Pero si hicieran eso, ¿Que arma les quedaría?. Es sin duda, un ejemplo más de la desvergüenza que significan, y es que no quieren que liberen a los políticos ni siquiera que les den la independencia, por que eso supondría el fin de sus beneficios y el principio de sus problemas.

Pero lo que hace saltar las alarmas son unas declaraciones del Presidente del Gobierno de España, que se atrevió a proponer un referéndum pactado, encubriéndolo en lo que dio en llamar un »Referéndum de Autogobierno», y haciendo alusión a una transferencia mayor de competencias hacia esa comunidad, de las que por supuesto no disfrutan el resto de autonomías.

Estamos llegando a una situación cada vez más severa y, sobretodo, peligrosa que no acabará nunca si no es con medidas contundentes de mano de dirigentes con mucha sangre fría, que estén dispuestos a aguantar ‘carros y carretas’ para defender el estado de derecho. Y tanto es así, que se avecina un otoño complicado con acontecimientos como ‘la diada’, o el aniversario del 1-O. Actos que de momento no sabemos como se desarrollaran pero que, es evidente, que supondrán de nuevo un enfrentamiento entre el gobierno autonómico y el gobierno central. Incluso pudiendo llegar a tener que reiterar la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

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