Querido lector, hoy me propongo analizar, de forma más pausada, las reformas que desde mi punto de vista deberían realizarse en España para dotar a nuestro modelo de país de la estabilidad que precisa y corregir los problemas que se han venido detectando en los últimos años. A pesar del inmovilismo mostrado desde algunos sectores de la política y de la sociedad sobre la posibilidad de abordar una reforma en profundidad del estado autonómico, la realidad termina por imponerse y no abordar a tiempo una necesaria reforma del modelo autonómico puede acarrear en el futuro no sólo la continuidad sine die del problema catalán, sino la suma de otros similares en distintos puntos de España.
Para abordar esta cuestión, propongo enfocar la reforma desde dos puntos distintos de vista, pero ambos claves en la reforma que debe realizarse: la financiación autonómica y el mapa competencial de las distintas administraciones públicas.
En lo que al primero de ellos respecta, en los últimos meses hemos asistido a críticas desde algunos sectores hacia el modelo del cupo vasco, un modelo que argumentan que es injusto y desigual y que no es ni lo primero, ni probablemente lo segundo. En los comienzos de la democracia, dada la elevada desigualdad existente entre en el nivel de vida entre la Meseta y Andalucía, y el resto del país, se optó por realizar un modelo redistributivo de la riqueza que permitiera a las zonas más despobladas y pobres converger hacia una calidad de vida propia de un país desarrollado. En este modelo quedaron dos excepciones pendientes, Euskadi y Navarra, quienes recurriendo a la tradición de Haciendas Forales heredadas del franquismo y con el tema de ETA de por medio, recibieron un status quo diferente.
Sin duda, en aquel momento -hablamos de finales de los 70 y principios de los 80- esta propuesta tuvo sentido, y gracias a estas medidas el nivel global de calidad de vida en España ha progresado considerablemente. Sin embargo, desde hace unos años y como consecuencia de la crisis en la hacienda pública, las Comunidades que históricamente han aportado más y han recibido menos -Cataluña, Madrid, Baleares o Valencia- han comenzado a pedir nuevos modelos de financiación más similares al concierto que se aplica en Navarra y Euskadi. De forma resumida, este sistema consiste en que en estas dos Comunidades, son sus propias haciendas forales las que recaudan todos los impuestos, y con esos ingresos pagan todos sus gastos. Como además hay servicios que son prestados por el Estado Central, las haciendas autonómicas pagan una cantidad -la liquidación del cupo- al Gobierno por estos servicios. Como puede comprobarse, en este reparto no queda espacio para “subsidiar” a otras Comunidades.
Llegados a este punto, se plantea el debate sobre si, tras casi cuarenta años de democracia, es necesario seguir “regalando dinero a chorros” a las Comunidades que más están demandando estas ayudas: Andalucía, las dos Castillas y Extremadura. Es probable que haya gente que opine que sí, dado que en estos territorios el nivel de vida sigue siendo inferior al de otros puntos del país. Pero no es menos cierto que existen múltiples indicadores que señalan que no se está haciendo un buen uso de este modelo, dado que se han permitido “lujos” como regalar la Universidad a todos sus estudiantes en Andalucía, múltiples rebajas fiscales que no pueden asumir o la creación de un modelo de economía “subsidiada” en vez de economía productiva que es insostenible sin la intervención pública. Mientras tanto, otras Comunidades que sí podrían asumir nuevos gastos con los ingresos que se recaudan en sus territorios, se han visto obligadas a proponer recortes severos del gasto público -recordemos que Madrid y Cataluña tienen las tasas universitarias más elevadas del país-.
Cuando se produjo la reunificación alemana en los años noventa, dado el inferior nivel de vida de Alemania del Este, se pusieron en marcha múltiples ayudas desde la Alemania Federal. Sin embargo, no se plantearon como ayudas indefinidas, sino como planes de desarrollo de duración limitada en el tiempo. Con los fondos de desarrollo provenientes de la Unión Europea de los cuales nos hemos beneficiado durante muchos años, ha sucedido algo similar. Por tanto, lo lógico sería plantear una idea semejante para el sistema de financiación autonómica, dotando a cada Comunidad de sus propios recursos y de una capacidad financiera de autogestión.
La segunda cuestión a analizar es el mapa competencial de las distintas Administraciones Públicas. Dada la ambigüedad con la que se redactó -intencionadamente- la Constitución, y las negociaciones políticas que se han ido desarrollando a lo largo de los años, no sólo las Comunidades, sino también los Ayuntamientos, han ido asumiendo un gran número de competencias “impropias” que no deberían haber sido gestionadas por ellos. Este sería un buen momento para clarificar qué competencias deben ser ejercidas por quién, y qué pasa con aquellos ámbitos de dudosa claridad -como las oficinas comerciales de las Comunidades Autónomas, que mucha utilidad pública no han demostrado precisamente-. O por ejemplo, si otras como es el caso de educación o Universidad, deben continuar en manos de las Autonomías cuando se ha visto la nula aportación que han hecho las mismas, más allá de su mera instrumentalización política.
Probablemente, para abordar esta segunda cuestión, sea necesaria una negociación analizando caso a caso qué competencias deben transferirse según la Comunidad Autónoma, abriendo la puerta a un autonomismo asimétrico. Pongamos, por ejemplo, el caso de las televisiones autonómicas: ¿Tiene sentido que comunidades como Aragón, La Rioja o Navarra tengan competencias para poner en marcha una televisión autonómica? No, no lo tiene. Mientras tanto, en el caso de otras autonomías, como Euskadi, un medio público autonómico ha demostrado tener cierta utilidad social, siempre y cuando esté bien gestionado.
En conclusión, la reforma del modelo de Estado es un tema muy complejo que convendría empezar a abordar cuanto antes. Afrontar correctamente esta cuestión permitiría resolver muchos de los problemas territoriales que ahora mismo padece España.
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