¿Y qué hacemos?

Este último fin de semana, el Gobierno de España ha protagonizado dos episodios que nada han gustado a la sociedad española y que, probablemente, sí habrá sentado muy bien dentro del entramado independentista.

En primer lugar, el sábado, a primera hora de la mañana, Teresa Cunillera, Delegada del Gobierno en Cataluña, nos despertaba a todos pidiendo el indulto para los políticos catalanes presos. Sí, la delegada del Gobierno en Cataluña. Ahí es nada.

En segundo lugar, el domingo, la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, concedía una entrevista a La Vanguardia y declaraba que no entendería la situación de prisión preventiva de los políticos presos si el proceso judicial se demoraba en el tiempo.

Declaraciones de intenciones del Gobierno que, como digo, no han hecho más que dar motivos a la oposición para cuestionar la capacidad del Gobierno de Sánchez al frente de los designios del país y que, seguramente, hayan dado alas al independentismo, que ve en el actual Gobierno de España a un juguete con el que jugar para lograr sus aspiraciones secesionistas.

El Gobierno enfoca la situación que vive Cataluña dentro de un marco de diálogo. Es conocido por todos, que Sánchez es reacio a defender la Constitución Española y a aplicarla allí donde Quim Torra sigue desafiando y amenazando al Estado, sin despeinarse ni esconderse. Entre unos y otros, están consiguiendo que Cataluña se separe, sí, pero se separe de la legalidad, del respeto al ordenamiento jurídico. Unos, los independentistas, quieren convertir a Cataluña en un territorio ajeno a la jurisdicción española, y otros, el actual Gobierno de España, con sus actuaciones, está consiguiendo justo eso, que en Cataluña ni se aplique ni se cumpla la ley y por ende, los ciudadanos catalanes se encuentren desprotegidos frente a un Gobierno de la Generalidad que hace de todo menos gobernar.

Las declaraciones de Teresa Cunillera y Carmen Calvo se encuadran dentro del contexto de que el Gobierno de Sánchez sólo dispone de 84 diputados en el Congreso y que con esas cifras, se hace harto complicado el poder gobernar como al propio Sánchez le gustaría. Con Podemos como aliado principal, Sánchez es conocedor de que necesita sí o sí de los apoyos de los nacionalistas, e independentistas, para poder sacar adelante los Presupuestos o un puñado de leyes. Y en esa ecuación entran los independentistas catalanes -ERC y PDeCAT- y los nacionalistas vascos –PNV-.

Con esta situación de debilidad parlamentaria, el Gobierno debe buscar los caminos necesarios para tener contentos a sus socios independentistas, y así lo está haciendo. Desde que Sánchez reside en La Moncloa, el Gobierno de Cataluña vuelve a disponer de todo el control de las finanzas públicas, los políticos presos han sido acercados a las cárceles catalanas cuya competencia es exclusiva del Gobierno de Cataluña y los gestos o guiños políticos en favor del independentismo se suceden.

Y a todo esto, con un Gobierno entregado a los separatistas, a los que quieren destruir el país, el Estado se encuentra desprotegido, puesto que la amenaza que cierne sobre él ya no se encuentra solo en los independentistas, que también, sino que su propio Gobierno, quien debería velar por el interés del conjunto del Estado, está a por uvas.

En Cataluña la situación es ya intolerable, están sucediendo cosas que no son normales en una sociedad democrática, o al menos en el resto de España, como la nuestra. Hace dos semanas, el colectivo ‘Hablamos Español’, que defiende y recoge firmas por el derecho de todos los ciudadanos a elegir, libremente, en qué lengua quieren estudiar, trabajar o dirigirse a la Administración, celebró una manifestación por las calles de Barcelona que disponía de todos los permisos necesarios para que pudiera transcurrir con total normalidad y dentro del itinerario que habían solicitado y que posteriormente, se les había permitido. Pues bien, lo anómalo viene ahora, cuando por capricho de los anti-sistema y violentos CDR, que estaban acampados en un sitio estratégico por el que transcurría la manifestación para boicotearla, y con la connivencia intolerable de los Mossos, la manifestación tuvo que paralizarse y posteriormente suspenderse.

Es un grupo de radicales y ultras, los CDR, los que deciden quién puede manifestarse en Cataluña, y en que calles, y quién no. Y todo esto, con un cuerpo policial y armado como el de los Mossos, que debiera velar por la seguridad y el correcto cumplimiento de las normas en beneficio de todos los ciudadanos, a su entera disposición (a la de los CDR, me refiero).

No somos pocos los que vemos motivos sobradamente fundados para aplicar, pero de verdad, el artículo 155 de nuestra Constitución en Cataluña. Las libertades de los catalanes, de todos los catalanes, están en seria amenaza, así como las finanzas públicas, que puestas a disposición de Torra y de su Gobierno, uno ya sabe a dónde van a ir a parar. Nos están robando Cataluña y con el chantaje consumado, nos pretenden también robar la soberanía nacional, nuestra soberanía, el verdadero derecho a decidir que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos de España. Vivamos donde vivamos y pensemos como pensemos. Entre tanto, el Gobierno de Sánchez se ha posicionado, y lo ha hecho claramente del lado de los separatistas. ¿Qué haremos nosotros? El tiempo se nos echa encima.