Gestación subrogada: ¿Abuso explotativo por parte de una empresa en posición dominante o explotación a la mujer?
La ley española no solo declara nulos de pleno derecho los contratos de gestación subrogada, sino que tipifica como delito la conducta de quienes contratan el servicio y de los intermediarios (artículo 221, CP). Sin embargo, las empresas que operan en España evaden la ley argumentando que solo realizan tareas de asesoramiento, y no de intermediación. Por esta razón, es difícil atribuirles el delito del artículo 221 del CP. Por su parte, el Ministerio de Igualdad, contrario a esta práctica, recoge en el anteproyecto de ley orgánica de reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, una modificación de la Ley General de Publicidad que prohíbe los anuncios de las clínicas de gestación subrogada e insta a las administraciones públicas a retirarlos.
Sin embargo, las cifras más recientes, que datan del 2015, desvelan que más de 1.400 parejas españolas fueron padres gracias a la gestación subrogada en ese año, cifra que supera al número de niños adoptados en el extranjero, de acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad. Son muchos los que han aprovechado la legalización de esta técnica en países como Grecia, único país de la Unión Europea que permite a extranjeros optar por ella en su país; o Reino Unido, donde se cuenta con una legislación que regula este modelo de maternidad, si bien es una práctica estrictamente restringida. Este proceso es viable gracias a la Instrucción de 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de los Registros y el Notariado (ahora Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública), que no contempla la prohibición de la inscripción en el Registro civil de niños y niñas frutos de dicha técnica, cuando este procedimiento no se haya realizado en territorio español, si en el país correspondiente la práctica esté regulada, al menos uno de los padres sea español y los derechos de la gestante sean garantizados. Esto se acredita mediante sentencia judicial en el país de nacimiento del hijo.
Hay quienes ya consideran que se ha generado una brecha entre aquellos que se pueden costear el tratamiento fuera de nuestras fronteras y aquellos que no cuentan con los recursos necesarios. ¿Estamos frente a un nuevo caso de discriminación? Según la Asociación por la Gestación Subrogada en España, no cabe duda. Por eso hacen énfasis en la necesidad de regulación, ya que la falta de ella solo conduce a la clandestinidad. Leonora Lamm, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y consultora del programa de bioética de la UNESCO, explica que: “no solo trivializa el rol de la voluntad en la toma de decisiones reproductivas, importando un retroceso en avances que tanto nos costaron a las mujeres, sino que contribuye a reforzar los estereotipos relativos a la imprevisibilidad de las decisiones de las mujeres y a la inevitabilidad de su «destino biológico», fortificando a su vez la heteronorma”.
Para ella, entender que la gestación por sustitución implica siempre la explotación de las mujeres, es un reduccionismo paternalista que subestima a la mujer y su capacidad de consentir. Además, fomenta el conocido como “turismo reproductivo” o “exilio reproductivo”. Son cada día más las parejas que recurren al mercado negro, ampliándose así los posibles abusos e injusticias, y ocasionando conflictos legales como la existencia de niños apátridas, el recurso ilegal de la adopción, las falsedades de identidad, etc. Por lo tanto, considera necesaria la creación de un marco legal que garantice la filiación acorde a la voluntad procreacional, independientemente de todo vínculo genético o biológico, ya que es esta también la realidad volitiva del que nace.
Con este fin, el partido político Ciudadanos, que hoy parece condenado a la desaparición, llevó al Congreso de los Diputados el 16 de julio de 2019 la Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por sustitución. En ella, se pide la regularización de la gestación por sustitución, siendo esta posible si la gestante se halla en pleno uso de sus facultades, no ha sufrido o sufre problemas psicológicos como episodios de depresión, disponga de una situación socioeconómica y familiar adecuada para afrontar la gestación, no tenga antecedentes penales, sea mayor de 25 años, no haya sido gestante en más de una ocasión con anterioridad y acredite su nacionalidad o residencia en España. La gestación debe hacerse de forma altruista, recibiendo meramente una compensación económica resarcitoria, de forma que se cubran los gastos estrictamente derivados de las molestias físicas, por desplazamientos y laborales.
Esta propuesta no ha sido bien recibida por otros grupos parlamentarios, entre los cuales se encuentra el PSOE, quien habla de mercantilización de las mujeres y muestra su rechazo. Otros partidos como el PP y Unidas Podemos tampoco optan por su legalización.
Ahora, el debate vuelve a estar sobre la mesa. Varias familias españolas buscan el apoyo del Gobierno para viajar a Ucrania y recoger a los bebés concebidos por gestación de sustitución. En plena invasión rusa, decenas de parejas que buscaban sortear las leyes españolas, se encuentran frente a la imposibilidad de rescatar a dichos niños y niñas. Este problema ha hecho que salten las alarmas, ya que Ucrania era hasta ahora el destino más económico, con precios en torno a los 50.000 euros, si bien no hay dinero que pueda pagar esto. Así lo reconoce Gestlife, empresa que ha multiplicado sus peticiones en los últimos años. En algunos casos, asegura, pueden optar por planes de creaciones y transferencias ilimitadas, como expone en su catálogo.
Esta es solo una de ellas. Actualmente existen más de una decena de empresas intermediarias que atienden a esta creciente demanda. Gracias a ellas, en la última década se han registrado al menos 2.520 menores nacidos en el extranjero a través de vientres de alquiler. La cifra facilitada por el Portal de Transparencia, sin embargo, podría ser mayor, ya que las diferentes asociaciones protectoras de los derechos de la mujer han detectado diversos problemas para la recogida de datos por problemas con la Ley de Protección de Datos y manifiestan que el número real es mucho más elevado. Un grupo de feministas impulsó la iniciativa en el marco del 40º Congreso del PSOE para anular la instrucción de 2010 que permite que esto siga sucediendo. Pese a ello, el problema será más complejo de atajar en aquellos países donde no se emiten sentencias judiciales al respecto, como es el caso ucraniano. Dicha propuesta fracasó.
Verdaderamente, sorprende la impunidad de las empresas que alquilan vientres, pero aún más la falta de visibilidad que se le ha dado a estos casos. La industria de los vientres de alquiler, que atiende a la ley de la oferta y demanda sin tener en cuenta en muchas ocasiones el respeto por los derechos de la mujer, comercia con fines lucrativos con los deseos de parejas con problemas de fertilidad, pero especialmente con la apropiación y explotación del cuerpo de las mujeres para fines reproductivos, sexuales o eugenésicos. No es sino mercantilización del embarazo, que convierte a las personas en objetos de intercambio económico, incubadoras humanas; esclavismo del siglo XXI, mujeres sin recursos que acuden a su última opción, sin importar daños, secuelas, o dignidad.
En un país terriblemente desigual como es España, no parece viable en este momento una forma de altruismo real. Nos encontramos, nada más y nada menos, frente a una industria que explota a las desesperadas por sobrevivir.
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