¿Dónde quedó la familia?

Hola de nuevo, amigos. Tras unas semanas alejado de Código Público, hoy he decidido reflexionar sobre uno de los temas que, a largo plazo, más nos condicionan como país: La política familiar. Más allá de planteamientos religiosos, o discusiones políticas y filosóficas acerca de los distintos modelos y formas de familia que hoy pueden encontrarse en nuestra sociedad, si algo caracteriza las conversaciones relativas a este tema en los últimos años es la unanimidad sobre la falta de una política de estado en materia de familia.

Durante décadas, tanto el PP como el PSOE se han caracterizado por olvidar durante sus periodos de gobierno que el crecimiento y consolidación de las clases medias se ha debido, en gran medida, al progreso social que ha experimentado la familia y que ha permitido, como unidad de vida, el crecimiento personal de los individuos a través de la mejora en las condiciones sociales del entorno familiar. Además, durante los recientes años de crisis, las familias han visto cómo surgían nuevos problemas –desempleo, incremento de gastos básicos como la factura de la luz, exagerada precariedad juvenil- a los que se sumaban otros previamente existentes como el desorbitado precio de la vivienda desde principios del siglo XXI.

Todos estos factores han provocado un empeoramiento en la calidad de vida de las personas, y la menor formación de nuevas familias entre la gente joven, que redundará en una peor calidad de vida a medio plazo.

Por todo ello, sin duda urge que alguien en el panorama político dé un paso al frente para proponer un conjunto de políticas coherentes entre sí y duraderas en el tiempo que permitan reactivar el gran motor de la sociedad contemporánea: la familia. Desde mi punto de vista, estas políticas deberían bascular sobre cuatro ejes principales que describiré a continuación.

Cuatro pilares básicos para una “política estatal de familia”

El primero de estos pilares, pasa por una política clara de fomento de la natalidad. Para ello deberían proponerse medidas tales como ayudas económicas, pero sobre todo, fiscales, que incentivaran y aligerarán la carga financiera que impide a muchos jóvenes formar familias. Además, debe consolidarse el aprobado, pero no aplicado todavía en su totalidad, permiso de paternidad. Junto a estas dos medidas clave, deberían existir otras de acompañamiento como la extensión de la educación en el periodo de cero a tres años, o el incentivo a las empresas para la puesta en marcha de planes de conciliación de la vida personal y familiar.

El segundo pilar gira en torno a la política de vivienda. El encarecimiento y la especulación sobre este bien de primera necesidad, especialmente en las grandes ciudades, ha impedido la emancipación a muchos jóvenes lo que ha provocado a su vez una formación más lenta y tardía de familias apareciendo los conocidos como “padres-abuelos”. En este sentido, la transferencia a las Comunidades Autónomas de las competencias sobre vivienda ha causado una gran disparidad en lo que el acceso a este bien se refiere. Mientras que País Vasco o Aragón han puesto en marcha ambiciosos planes de vivienda de protección oficial que han permitido la creación de nuevos barrios y nuevos núcleos familiares jóvenes y con hijos, otras como Madrid o Cataluña apostaron por liquidar, en gran medida, cualquier atisbo de vivienda social.

El resultado es un envejecimiento acelerado de la población y los conocidos procesos de “gentrificación” en las grandes urbes. Es necesario que el Estado Central atraiga de nuevo esta competencia para sí estableciendo unos mínimos y unas líneas generales en la política de vivienda.

El tercer bloque en la política de estado de familia debería circunscribirse a la formación juvenil y acceso al primer empleo de los jóvenes. Un claro exceso de “población universitaria”, la falta de jóvenes cualificados en formación profesional y un pésimo funcionamiento de los servicios de empleo han elevado la cifra de desempleo juvenil hasta registros récord. Sería conveniente establecer un plan nacional que coordinase las plazas educativas ofertadas en Universidad y FP con la demanda del mercado. Además, los servicios de empleo deberían llevar a cabo una labor activa en estas políticas.

Por último, no puede completarse una política integral de familia sin abordar la situación de la tercera edad. Completar el desarrollo de la malograda ley de dependencia debería ser una prioridad para todas las administraciones públicas afectadas. A ello debería sumarse el esfuerzo público por promover una red más sólida y amplia de residencias públicas o concertadas que cubran la incesante demanda que va a surgir en las próximas décadas.

Todas estas medidas requieren una inversión y regulación pública notable, lo que obligaría a priorizar esta política y sus cuatro pilares básicos frente a otros gastos y prioridades, desde mi punto de vista menos importantes. Pero principalmente, de lo que precisaría una política de Estado integral en tema de familia es de mucha voluntad política, y por ahora, el bajo nivel que ha demostrado la clase política obliga a pensar que no existe la misma. Mientras tanto, seguiremos construyendo un país donde en el mejor de los casos, aspiraremos a vivir como nuestros padres.

1 thought on “¿Dónde quedó la familia?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *