Estos convulsos días que estamos viviendo han sacado a la luz uno de los problemas latentes en nuestra sociedad. Este artículo va dedicado a ellos: la tercera edad. En las intervenciones que está realizando el ejército en las diferentes residencias ha destacado las pésimas condiciones en las que se encuentran muchos de los ancianos para los que su casa es una residencia de la tercera edad.
A pesar de que la crisis del coronavirus está monopolizando la actualidad informativa, uno de los asuntos que debería afrontarse cuando esto quede atrás es cómo afrontamos el cuidado de nuestros mayores en un país que cada vez está deviniendo más envejecido. Durante la segunda legislatura de Zapatero se aprobó la Ley de Dependencia. Esta norma buscaba asistir dignamente en sus hogares a aquellas personas que precisaban supervisión y cuidados mediante la asignación de cuidadores parcialmente cubiertos económicamente por las Administraciones. Sin embargo, la crisis económica que afectó notablemente a las arcas públicas impidió una total y correcta aplicación de la ley hasta varios años después.
A raíz de los hechos que hemos ido conociendo estos últimos días y de la situación sociodemográfica a la que se va a enfrentar España, es preciso abordar la creación de una red de residencias públicas que permitan asistir adecuadamente a las personas de la tercera edad cuando ya no puedan permanecer en sus hogares. Hasta ahora, las Comunidades Autónomas concertaban, en mayor o menor medida, contratos con empresas encargadas de la gestión de residencias.
Esta red básica presenta varias carencias que hacen replantear el modelo completo. En primer lugar, la disponibilidad de plazas es muy limitada lo que provoca que un gran número de interesados y solicitantes no puedan obtener plaza. Por tanto, el primer punto a resolver sería la extensión de la red de residencias partiendo de la base actual existente, pero valorando las necesidades futuras a varias décadas. Esta ampliación de los cuidados de la tercera edad permitiría completar el actual estado del bienestar sumando un cuarto pilar a la educación, sanidad y prestaciones públicas de desempleo.
La segunda cuestión a analizar es el servicio que se está prestando actualmente por parte de las empresas concesionarias. Las circunstancias que han emergido estos días son sólo “la punta del iceberg” de un problema mayor. Las concesionarias, al igual que cualquier otra empresa, debe cuadrar al cierre del ejercicio, su cuenta de resultados. En ocasiones, la insuficiencia de la subvención pública aportada para cubrir las necesidades de la tercera edad y la explotación rentable de las instalaciones han provocado un deterioro patente de la calidad con la que se cuida a ellos: nuestros mayores.
Un ejemplo de esta situación se ha vivido en numerosas residencias hace referencia a la dieta y los comedores. En los últimos años han surgido diversas denuncias donde se ponía de manifiesto la falta de variedad de los menús, así como la escasa cuantía de los mismos y la poca calidad de los productos empleados en los platos elaborados. Otro de los puntos que debería preocuparnos es la escasa oferta de ocio de que disponen estas residencias. Muchas veces actúan a modo de “aparcamiento de abuelos” donde pasan horas frente a la televisión sin realizar actividad física o mental suficiente para su correcto cuidado.
Estas circunstancias hacen replantearse si realmente la prestación de un servicio tan deficitario por parte de un concesionario privado sería realmente positiva para el bienestar de nuestros mayores o solo acarrearían continuas deficiencias en las residencias de la tercera edad. Como consecuencia, resulta procedente plantearse la creación de una red pública de residencias titularidad del Estado –o en su defecto, de las Comunidades Autónomas-. Finalmente, el último argumento que apoyaría esta propuesta es el hecho de que las residencias privadas tampoco han resultado ser suficientes para cubrir la demanda existente de plazas entre la tercera edad. Además, su coste resulta inasumible para muchos mayores necesitados que carecen de recursos para afrontar su coste real.
En conclusión, una sociedad envejecida como la nuestra, donde la tercera edad adquiere cada vez un mayor protagonismo en la pirámide de población y por lo tanto, los cuidados que requiere este grupo de población, hacen plantearse la necesidad de abrir un debate sosegado y racional sobre la cobertura de la tercera edad a través de una red de residencias públicas. Esperemos que tras la finalización de la crisis del coronavirus, este sea, entre otros asuntos urgentes, uno de los que conforme la agenda política de los próximos meses y años.
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